Tegucigalpa.- La Fiscalía General de la República, ante los últimos acontecimientos que dejaron luto y dolor en el pueblo hondureño y sobre todo en la familia del Ministerio Publico, hace del conocimiento de la sociedad en general lo siguiente:

1. Que la Fiscalía General de la República, tiene el deber de actuar en todo momento tutelando los derechos de la persona humana como fin supremo de la sociedad, garantizando el respeto a la vida y la integridad corporal.

2. Que en el cumplimiento de este deber fundamental, deberá proceder con igual firmeza y aplomo, al tratarse de servidores y funcionarios bajo su responsabilidad, quienes asumiendo cabalmente su compromiso y actividad como actores en el proceso penal, se vean envueltos en una lucha frontal contra la criminalidad en defensa de la sociedad hondureña; siendo por tal motivo, objeto de riesgos y amenazas reales que ponen en peligro su vida y su entorno.

3.Es así, que dando respuesta inmediata a este deber inherente, como autoridad suprema del Ministerio Público, se anuncia, que conforme a su facultad legal, luego de un prolongado proceso de análisis y estudio se concluyó con el “REGLAMENTO ESPECIAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SITUACIÓN DE RIESGO O AMENAZA POR RAZÓN DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES”; mecanismo que servirá para asegurar la defensa, protección y neutralización de todo factor de riesgo o amenaza real dirigida contra sus servidores y funcionarios.

4.En tal sentido, asumiendo su responsabilidad, para los efectos de garantizar la operatividad requerida por el referido sistema de protección, se establece en el mismo, que los recursos materiales para su funcionamiento procederán entre otros, de fondos propios, de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, de la Tasa de Seguridad y de la Cooperación Externa. Asegurando con esto, un completo respaldo a la actividad de valientes servidores del Ministerio Público en su lucha frontal contra la criminalidad,

5.Como primer resultado en la gestión de recursos materiales, se obtuvo en la última reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dirigida por el Presidente de la Republica, la aprobación para la compra inmediata de 20 vehículos blindados, los cuales serán distribuidos a las diferentes fiscalías a nivel nacional según los perfiles de riesgo de sus funcionarios, definidos en el referido reglamento.

6.Asimismo, para fortalecer la protección a los perfiles de riesgo extraordinario o extremo, se ha solicitado la asignación de un contingente de seguridad perteneciente a la Unidad de Protección de Dignatarios que fuese creada a iniciativa del Presidente de la República, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

7.Siendo que nos encontramos en una lucha integral, apoyamos cualquier proceso legislativo encaminado a establecer nuevos tipos penales y a endurecer las penas, aplicables a aquellos individuos que atenten contra la vida o la integridad de policías, fiscales, jueces y demás operadores de justicia.

De esta forma, reiteramos al pueblo hondureño que la Fiscalía General de la Republica, no cesará en su lucha frontal contra la criminalidad, ni cederá, ante amenazas o intimidaciones de quienes pretenden atentar contra aquellos servidores y funcionarios que defienden los intereses generales de la sociedad hondureña.

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