Tegucigalpa.- Bajo el título de “Centroamérica 2021 hacia un Desarrollo Rural Equitativo”, el Icefi, el FIDA, la SECAC, el Fondo España—SICA y la Junta de Andalucía organizaron, los días 15 y 16 de octubre de 2014, el Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural y Política Fiscal. De los cuatro objetivos del evento, destaca el de promover un espacio de análisis y diálogo entre actores clave vinculados con estos temas, con el alivio de la pobreza y la promoción de la equidad como prioridad.

Desarrollo rural de Centroamérica en cifras

Cerca de 20 millones de centroamericanos (más del 45% de la población total) habitan en territorios rurales. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos.

Lo anterior revela cómo la carencia de bienes públicos esenciales, junto con limitadas oportunidades para la generación de ingresos, ha fomentado un círculo vicioso de pobreza que los países centroamericanos están obligados a romper. Para impulsar el desarrollo rural, los Estados deberán asumir un rol protagónico, tanto en la provisión de servicios públicos (educación, salud, protección social), como en el proceso de transformación productiva y en la construcción de infraestructura económica. Asimismo, es imprescindible buscar formas sostenibles y pertinentes a las diferentes culturas que habitan lo rural, para aprovechar la riqueza natural existente.

En ese sentido, la política fiscal juega un rol estratégico en las posibilidades de impacto que pueda tener cualquier plan de desarrollo rural sobre la población de estos territorios. Un reciente estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y realizado para Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, resalta cuatro hallazgos sobre las inversiones públicas en desarrollo rural, identificados en los presupuestos públicos de 2007 a 2012. Primero, las inversiones en desarrollo rural representan, en promedio, entre el 4.9 y el 8.5% del PIB, lo que en términos per cápita se traduce en asignaciones anuales que van de USD 216.6 a USD 517.

En el contexto fiscal, las inversiones en desarrollo rural representan entre el 16 y el 26.4% del presupuesto total de los Estados centroamericanos. Segundo, los países con mayor número de ciudadanos en áreas rurales, no son necesariamente los que más están invirtiendo en desarrollo rural. Tercero, cerca del 60% de las inversiones públicas en desarrollo rural, se concentran en la protección social, mientras el 38% se destina a las esferas de infraestructura y fortalecimiento del sector rural. Y, cuarto, entre el 40 y 77.6% de los recursos con los que se financian las inversiones rurales proviene de los ingresos corrientes, en tanto que entre el 10.5 y el 25.2% proviene de préstamos y entre el 1.5% y el 33.4% es fruto de donaciones y cooperación.

Desarrollo rural en Honduras
En el caso particular de Honduras, el Gasto Público en Desarrollo Rural (GPDR) fue, en promedio entre 2007 y 2012, de US$ 1,298.9 millones, con una leve alza, ya que pasó de US$ 1,025.2 millones, en 2007, a US$ 1,392.7 millones, en 2012. Sin embargo, es notoria una tendencia decreciente en las inversiones públicas en desarrollo rural, al evaluarlas con respecto al total de la economía y al presupuesto del gobierno central y sus instituciones descentralizadas.

Desafíos de la región: un plan sujeto a resultados y un pacto fiscal que concrete las posibilidades de políticas públicas efectivas frente a los desafíos del desarrollo rural

Las sociedades centroamericanas necesitan reconocer que el desarrollo rural constituye un elemento indispensable del desarrollo general e integral de los pueblos. Es imprescindible, entonces, plantear una agenda concreta para el desarrollo rural en la que se visibilicen tanto las metas a alcanzar en esta materia y su impacto sobre el bienestar de la población rural.

Los Estados centroamericanos deberán, urgentemente, plantear Pactos Fiscales que promuevan aumentos de los ingresos públicos, al tiempo en que se mejora la calidad e institucionalidad del gasto público en general y, en particular, aquel dirigido al desarrollo rural, la transparencia fiscal y la rendición de cuentas.

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