Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, destacó este jueves el consenso logrado con diputados de seis de las siete bancadas del Congreso Nacional para elegir y hacer el nombramiento de funcionarios del Estado en plazas que estaban vacantes desde hace meses.

Asimismo, señaló solamente un sector del Congreso quería evitar que se alcanzara la mayoría calificada y que no se pudieran elegir a las nuevas autoridades generando ingobernabilidad, “pero el acuerdo entre bancadas que si buscan crear y no destruir, prevaleció”.

Como se sabe, el Congreso Nacional seleccionó y juramentó a los funcionarios para cargos vacantes como el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el inspector general de los órganos jurisdiccionales e inspectora adjunta de tribunales, auditora interna del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y superintendente de Licencias y Concesiones..

Oliva señaló que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de nombrar a esos funcionarios, lo que se hizo en base al proceso que señala la ley y que a su vez define con precisión a las entidades que nominan a los candidatos a fin de que la selección sea transparente y sin injerencia política.

Para el caso, citó como ejemplo la persona electa para auditor interno del TSC, donde los tres magistrados de ese organismo envían una terna y de no encontrarse capacidad en los propuestos, se remite nuevamente para que se elabore una nueva propuesta. “Afortunadamente se encontró a la persona que reunía los requisitos, como sucedió con los otros aspirantes”, acotó.

Agregó que es normal en todos los parlamentos del mundo se generen debates, luego que se revisan los currículos y se hacen las audiencias públicas, que no son obligatorias, pero se actuó con buena fe y consenso en un procedimiento lo más transparente posible.

Por otro lado, se refirió al tema de las reformas electorales al que calificó como muy sensitivo y apuntó que la misma Ley Electoral es la única ley secundaria que requiere de mayoría calificada para modificarse.

En ese sentido, refirió que la iniciativa presentada por el diputado liberal, Yuri Sabas, sobre una segunda vuelta, plantea es una reforma constitucional y lo que se debe hacer es una reforma integral.

“Es un aspecto que debe ser abordado por los partidos políticos, si no, los diputados promoverán un referéndum y no es correcto”, explicó.

Recordó que en el proceso electoral pasado los partidos políticos junto a los candidatos presidenciales y la cooperación externa, firmaron un pacto para hacer la propuesta de reformas y están a la espera que eso ocurra, por lo que invitó, de forma respetuosa, para que la dirigencia partidaria lo haga.

Sobre la propuesta de Ley de Extradición enviada al Congreso Nacional por el Poder Judicial, consideró que hay consenso para aprobarla.

Agregó que la Constitución de la República da potestad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aplicar una norma o acto acordado como ha sucedido anteriormente, pero este gobierno ha decidido que el proceso se normalice para facilitar la emisión de un fallo ya con una Ley de Extradición.

Reiteró que en el Congreso Nacional, tanto la CSJ como los distintos operadores de justicia, han encontrado apoyo para hacer frente a la delincuencia en el país y eso se plasmará en la posición de los diputados.

La noche del miércoles el Congreso Nacional eligió a Juan Pablo Aguirre como inspector general de los órganos jurisdiccionales, a la abogada Marlene Pérez para para inspectora adjunta de tribunales y a María Lastenia Aguilar como auditora interna del TSC.

Además, al licenciado Emilio Cabrera como superintendente de Licencias y Concesiones y a Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en sustitución de la abogada Miriam Guzmán.

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