El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) entregó al Gobierno la propuesta “Pacto para el Desarrollo Sostenible”

El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) entregó hoy al gobierno y a la población de Honduras, el documento propuesta “Pacto para el Desarrollo Sostenible” que permitirá tomar el timón de la fiscalidad para dirigirla por la ruta del desarrollo equitativo y sostenible.

El Pacto facilitará a ciudadanos y autoridades alcanzar un acuerdo de obtención y gestión de recursos públicos cimentados en la justicia tributaria, la eficacia en el gasto, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

El documento propuesta es el resultado del esfuerzo técnico y del GPDF, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Centroamericana (IIPP-UNITEC), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), DanChurchAid (DCA) y Christian Aid (CAID).

El GPDF surgió a mediados de 2013 a iniciativa de varios ex – secretarios de Finanzas, ex –presidentes del Banco Central de Honduras y otros expertos en materia económica y fiscal, decididos a aportar su experiencia y conocimientos para reflexionar sobre la urgencia de mejorar el manejo del sistema financiero público con miras a controlar el déficit fiscal y el endeudamiento, y convertir el sistema fiscal en instrumento para el desarrollo equitativo y sostenible.

El GPDF comparte la convicción que el país requiere dialogar y arribar a un PACTO FISCAL que es un contrato social sobre política fiscal, un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, con transparencia y rendición de cuentas.

Se trata de un acuerdo sociopolítico básico que reconoce las obligaciones del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, que se refleja especialmente en la voluntad de pagar impuestos a cambio de servicios suministrados por el Estado.

El documento es una propuesta consensuada de principios y medidas que podrían formar parte del PACTO FISCAL para atender con eficacia el actual sistema fiscal que lejos de ser una herramienta de desarrollo, actúa muchas veces como obstáculo para alcanzar los grandes ideales del país, con equidad y oportunidades.

El GPDF entrega hoy el documento al Coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, y simbólicamente al pueblo hondureño con el propósito de facilitar y orientar el diálogo fiscal que culmine en un PACTO FISCAL entre la sociedad civil y el Gobierno de Honduras, poniendo fin a la tradición de considerar la fiscalidad como asunto exclusivo de expertos y de políticos, transformándola en fruto de la participación social con sentido de nación.

Diagnóstico (resumen)

Las finanzas públicas de Honduras son un caso ilustrativo de la realidad de muchos países en vías de desarrollo, particularmente en América Latina. Es un caso de INJUSTICIA FISCAL en el que los ingresos del Estado son obtenidos a través de un sistema tributario predominantemente regresivo, y el gasto es planificado de forma que tampoco contribuye a estimular condiciones favorables para el desarrollo equitativo y sostenible del país.

Más del 90% de los ingresos del Gobierno Central provienen de los impuestos, con predominio de los impuestos indirectos, particularmente el Impuesto Sobre Ventas, que representan las dos terceras partes de los impuestos en las últimas décadas.

De 2010 a 2014 el ISV aumentó más que el Impuesto Sobre la Renta. El primero 5.5% del PIB y el segundo 0.5%. Un sistema menos regresivo buscaría aumentar el aporte del ISR y reduciría también las excesivas exoneraciones otorgadas a un grupo pequeño de grandes empresas. En cuanto al gasto, este se maneja con poco apego a los principios de la rendición de cuentas, transparencia, eficacia, impacto y eficiencia. A lo que se añade una alta evasión y elusión fiscal.

El desafío para la fiscalidad en Honduras radica en aumentar los ingresos públicos, y en gastar estos últimos sabiamente para mejorar el bienestar de los hondureños. Así, la forma de adquisición de los ingresos como el impacto de su gasto debe apuntar a generar equidad y sostenibilidad.

El GPDF agradece el apoyo brindado por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Centroamericana (IIPP-UNITEC), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), DanChurchAid (DCA) y Christian Aid (CAID).

Propuesta (resumen)

La propuesta del GPDF se fundamenta en una serie de principios y compromisos:

A. Principios:
• Planeamiento y ejecución del gasto público basados en prioridades y criterios de desempeño. Las prioridades estarán enmarcadas dentro de una visión de desarrollo de largo plazo, y se evaluará el desempeño con criterios de progresividad, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia y transparencia.
• Unificación y manejo global del presupuesto. Todos los ingresos y gastos esperados deberán estar incluidos.
• Complementariedad entre la inversión pública y privada. El papel rector del Estado deberá estar asegurado, al igual que un mínimo de inversión pública.
• Garantía de derechos humanos básicos. Los ajustes fiscales no deberán afectar los programas dirigidos a atender las necesidades de los hogares más pobres.
• Conducción ética de la gestión pública.
• Fortalecimiento de la institucionalidad y control de la corrupción y la impunidad.
• Suficiencia de recursos.
• Institucionalidad tributaria y profesionalización de la administración tributaria.
• Estabilidad, certeza, eficiencia, simplicidad, equidad y obligación tributaria.
• Equilibrio entre ingresos y gastos.
• Manejo contra-cíclico a través del ahorro en tiempos de bonanza.
• Deuda pública complementaria al ahorro interno, y dirigida a la inversión.
• Previsión de pasivos contingentes.
• Conocimiento y respeto del patrimonio público.

B. Compromisos que propone:
1. Mantener los balances macro fiscales para evitar desequilibrios que compliquen el cumplimiento de lo pactado.
2. Otorgar poder de veto al Presidente de la República para evitar que el Legislativo apruebe incrementos arbitrarios al presupuesto.
3. Eliminar las asignaciones globales a instituciones del Estado. Conectar a todas las entidades del Estado (los tres Poderes, el Tribunal Superior de Cuentas) al Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Las municipalidades serán integradas al Sistema Municipal de Administración Fiscal Integrada (SIAMI).
4. Mantener un nivel de inversión pública no menor al 3% del PIB.
5. Asegurar que la SEFIN esté efectivamente a cargo de la revisión, aprobación y supervisión de las alianzas público-privadas.
6. Adoptar una carga tributaria de 17% del PIB e ingresos fiscales del Sector Público Centralizado no inferiores al 27% del PIB.
7. Lograr que la SEFIN lleve a cabo un análisis de la progresividad del sistema tributario para someterlo a discusión con representantes de la sociedad civil. Este análisis proveerá evidencia que respalde una legislación favorable a la mayor justicia tributaria.
8. Limitar la deuda del Sector Público Combinado a no más del 50% del PIB.
9. Establecer una estrategia de mediano plazo de la deuda pública, que responda a los vencimientos de las obligaciones de pago, plantee objetivos anuales de política de endeudamiento y establezca acciones y mecanismos para reducir el costo de la deuda.