Tegucigalpa.-Roberto Herrera Cáceres Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, denunció que las autoridades penitenciarias, no permitieron el ingreso de miembros de su personal a las instalaciones del centro penal de máxima seguridad “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.

Según Herrera Cáceres, lo actuado por las autoridades encargadas de dicha seguridad, violentan la ley orgánica de este ente estatal, por lo que la actuación no fue la correcta.

El Ombudsman hondureño, dijo que el dio instrucciones al personal del Conadeh en el departamento de Santa Bárbara, para que hicieran una inspección normal a ese centro de detenciones, sin embargo, se les negó el acceso, lo que viene a violentar el mandato de la Ley que ordena que tanto las autoridades civiles, militares o de cualquier índole, tienen la obligación de abrir sus instalaciones a defensores de Derechos Humanos.

“Nosotros, estamos encargados de supervisar como el Estado mismo cumple con su responsabilidad de hacer efectiva la protección de la dignidad humana, ya que tenemos nuestra apreciación con enfoque de derechos humanos en materia del tratamiento de las personas privadas de la libertad, pero en este caso se nos negó esa obligación”, indicó.

El defensor de derechos humanos en el país, manifestó que cualquier medida de carácter excepcional puede ser tomada en función de la peligrosidad que representa cada persona que se encuentra pagando una pena, pero que siempre se respete el goce de derechos humanos básicos, es decir el derecho a la alimentación, la salud hasta tener comunicación con un familiar.

Por su parte destacó, que ese tipo de acciones el Estado las debe hacerse dentro de los requisitos que establecen las medidas de aislamiento y recalcó nuevamente que los castigos deben de ser individualizadas, así como que no tienen que ser permanentes y solamente deben de ser candidatos los reos considerados altamente peligrosos.

Al referirse a la advertencia hecha por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que mencionó que habrá una campaña internacional impulsada por organismos defensores de derechos humanos por las medidas que se están adoptando para contrarrestar el crimen delincuencial, Cáceres, expresó que lo único que es importante es verificar que estas personas tengan las condiciones básicas para su existencia, y que no sean tratados de manera inhumana.

“Honduras cuenta con las suficientes institucionalidad para verificar todo lo que está ocurriendo al interior de esa cárcel de máxima seguridad, así que seguiremos haciendo nuestro trabajo en ese sentido”, recordó.

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