“No se puede evaluar una prueba que ha sido obtenida mediante la vulneración de garantías fundamentales, como ser el derecho al debido proceso”, expresó el apoderado legal de Teodoro Bonilla, Óscar Cálix.

“Estas si bien fueron convalidadas posteriormente, estas escuchas telefónicas no fueron autorizadas previamente por un juez de escuchas y por esa razón consideramos que este juicio pues deberá de ser casada la sentencia, en virtud de que el fundamento de dicha sentencia a sido la valoración de una prueba que es una prueba ilícita”, apuntó.

El portavoz del Ministerio Público Carlos Morazán informó que este, “es un caso grave de traficó de influencias donde hubo perversidad por parte del imputado para favorecer al crimen organizado con resoluciones al margen de la ley”.

Cabe señalar que se dictó la pena mínima por ese delito de seis años reclusión más el pago de doscientos mil lempiras y la inhabilitación interdicción civil por el tiempo que dure la pena.

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