Tegucigalpa.- Según informaciones que trascendieron a través de la Unidad investigativa del Telenoticiero TN5 que dirige el periodista Renato Álvarez, refleja que interventores del Instituto de la Propiedad (IP), autorizaron jugosos salarios a un grupo de nuevos empleados.

En mayo de este año, los escándalos de corrupción en el IP llevaron al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a anunciar una intervención reemplazando al Consejo Directivo, que se encargaría de desarticular las redes corruptas que operan a lo interno.

Para tal investigación, se nombró al asesor presidencial, Ebal Díaz, quien preside el Consejo Directivo del IP, acompañado de Ramón Espinoza, director del Instituto Nacional de Estadísticas INE y los ciudadanos Henry Merriam y Ana Cristina Zepeda.

De acuerdo a las investigaciones de este noticiero, la primera acción de los interventores fue remover gente y contratar otra con jugosos sueldos, superiores a los que se pagaban en el IP.

El documento mostrado, por el equipo de investigación “Los Reporteros de TN5” señala que: “En el acuerdo CD-IP009-201, el Consejo Directivo del IP otorga un salario de 80 mil lempiras mensuales al secretario ejecutivo Julio Armando Pavón un ex militar en retiro, también fija un salario de 60 mil lempiras para la nueva inspectora, estos 60 mil lempiras se recetan además para el director de Legalización y Regularización Predial, el director de Registro de Catastro, el director de Propiedad Intelectual y el director administrativo, en total seis jugosos aumentos salariales para igual número de personas a partir de junio de este año”.

De acuerdo a las indagaciones realizadas por este medio de comunicación, los aumentos fueron de ocho mil, 13 mil y 20 mil lempiras, si se compara que en mayo de este año el secretario ejecutivo ganaba 60 mil en bruto, el inspector general 52 mil, el director de administración 47 mil y el director de Catastro 40 mil lempiras mensuales de salario, los cambios según fuentes consultadas por “Los Reporteros” parecen más dirigidos a repartir cargos con buenos salarios que a entrar de lleno a desmantelar la corrupción en esa institución tan importante para la seguridad jurídica en Honduras.

Los Reporteros de Telenoticias contactaron al presidente del Consejo Directivo del IP, Ebal Díaz, para auscultar sobre estos exorbitantes incrementos salariales, pero él aseguró que eso no es cierto porque no hay condiciones para este tipo de situaciones.

“No, no hay incremento de salario, mire, son varios millones de lempiras que nos estamos ahorrando ahí, no hay incremento de salario y nosotros no estamos recibiendo salario ni dieta en este momento todavía eso no está en revisión, no se ha revisado mientras no tengamos la institución como debemos tenerla no vamos hablarle de aumentos de salarios”, argumentó Díaz.

Mientras Díaz sostiene que no han ordenado ningún incremento, la documentación revela lo contrario, la transparencia no parece ser una norma en el IP y sus nuevas autoridades, en el IP no se hace una auditoria desde el 2007, nadie sabe cómo ha funcionado ese organismo, lo único cierto es que existen fuertes nexos de corrupción interna y externa que se evidencia en la venta de títulos y hasta de cayos en El Caribe según las investigaciones.

De ahí que la intervención en el IP genere expectativas y también dudas de que tan real pueda ser, las dudas las proporcionan estas asombrosas contrataciones salariales en un país en crisis dicen los expertos.

Ante la situación, la diputada, Doris Gutiérrez lamentó que “la estructura actual de la administración pública, no funciona está colapsada, no es funcional, no responde a los problemas de las instituciones para las cuales fue creada. Este sistema va seguir fracasando y va seguir fracasando”.

Por su parte, el analista Olban Valladares, sostuvo que la población hondureña jamás identificó en estas intervenciones los resultados positivos, porque se hicieron siempre con el ánimo de corregir “entuertos”, de ver si separaban denuncias de corrupción, pero nunca vimos a nadie ni requeridos por la Contraloría General de la República en aquel tiempo, por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de ahora y por la Fiscalía Contra la Corrupción en este momento”.

Por: Edwin Ordóñez

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