Familiares de 8 hondureños que fueron ejecutados en mayo del 2012, en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, México, denunciaron hoy ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el trauma que han tenido que vivir durante más de 26 meses en espera que los restos de sus parientes.

Patricia Suazo, pariente de una de las víctimas, reveló que hasta la fecha no han recibido los cuerpos de sus familiares por los retrasos administrativos para la exhumación y repatriación de los cuerpos.

“Sabemos que nuestros familiares fueron mutilados y que ha pasado mucho tiempo desde su muerte, sin embargo, exigimos a las autoridades que sus restos sean repatriados en ataúdes normales para poder darles un entierro digno”, declaró.

Agregó que debido a este hecho “terriblemente traumático”, la salud de todos los familiares se ha visto afectada.

“Nuestra salud física y mental se ha deteriorado mucho durante estos 26 meses de espera, angustia y dolor”, se quejó.

La madre de otra de las víctimas declaró que actualmente están viviendo momentos de mucho dolor y angustia por la muerte violenta de sus seres queridos y porque aún no reciben sus cuerpos para darles cristiana sepultura.

Indicó que las personas migrantes y sus familiares son sujetos de derecho tanto en los países de origen como los de tránsito y los de destino

“Exigimos que nuestros derechos sean respetados y protegidos por los respectivos gobiernos”, clamaron los familiares.

Hasta ahora, las gestiones realizadas ante el gobierno no han tenido la respuesta esperada, por lo que, este martes se apersonaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que les apoye y agilice los tramites para la repatriación de los cuerpos de sus parientes.

“A nosotros se nos han violado todos los derechos, hemos sido pisoteadas y burladas por algunas autoridades hondureñas”, dijo Patricia Suazo.

Los 8 migrantes hondureños fueron ejecutados el 14 mayo del 2012, en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, México, donde murieron en forma violenta 49 personas.

El 17 de diciembre del 2013, en el consulado de México en Tegucigalpa, los familiares de las víctimas fueron notificados de la identificación de sus familiares a través del resultado del ADN.

Las notificaciones fueron realizadas en el marco del convenio de colaboración para la identificación de los restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León que se llevó a cabo por conducto de una comisión forense integrada por la Coordinación General de Servicios Periciales y un Equipo Argentino de Antropología Forense.

Dicho convenio, suscrito por la Procuraduría General de la República en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil, fue publicado el 04 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en México.

El convenio de colaboración tenía como objeto la identificación y determinación de la causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con homicidios de migrantes, como los 72 localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando Tamaulipas.

Además, un mínimo de 193 restos localizados entre abril y mayo de 2011 en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas y 49 localizados en Cadereyta, Nuevo León, el 14 de mayo de 2012

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