Los defensores de los derechos humanos de Centro América exhortaron a los gobiernos de la región a que adopten medidas urgentes y de impacto duradero para garantizar la seguridad alimentaria de la población más necesitada.

A través de una declaratoria firmada en Tegucigalpa, los ombudsman, David Morales de El Salvador, Omar Lacayo de Nicaragua, Roberto Herrera Cáceres de Honduras y Claudia López de Guatemala, recomiendan mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

Todo ello, de acuerdo a los defensores del pueblo, mediante la plena utilización de conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaz de las riquezas naturales.

“Recomendamos, que en el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos humanos, los Estados Centroamericanos adopten medidas inmediatas, urgentes y de impacto duradero asociadas a las condiciones de vida de la población, incluyendo la seguridad alimentaria de los sectores más necesitados” reza el texto del documento.

Los ombudsman son del criterio que en la mayoría de los países centroamericanos, el acceso a los alimentos es cada vez más crítico por los altos precios y la escasez.

A lo anterior añaden otras dificultades que impiden el goce de la seguridad alimentaria como las consecuencias del cambio climático, la ausencia de políticas preventivas eficaces, el desempleo y los bajos salarios, entre otros factores.

“Constatamos que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua somos parte del corredor seco centroamericano afectado por la sequía con importantes pérdidas agrícolas y pecuarias que inciden sustancialmente en la vida y salud de nuestras comunidades locales y en la seguridad alimentaria de nuestros pueblos”, establece la declaratoria.

En ese sentido, recomiendan a los gobiernos de la región implementar políticas y medidas económicas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada de forma permanente para asegurar un estado de bienestar y desarrollo sostenible.

Los defensores de los derechos humanos consideran que la recurrencia y gravedad creciente del cambio climático y su impacto sobre las condiciones de vida, obliga a los Estados a ejecutar planes de acción para atender la situación urgente de carestía de alimentos y recuperar la capacidad de producción.

Así mismo, recomiendan adoptar medidas de riesgo y adaptación del cambio climático a partir de la Estrategia Regional de Cambio Climático y del Plan Ambiental de la Región Centroamericana.

En la declaratoria piden a los gobiernos de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que realicen una cumbre que examine la crisis alimentaria y el riesgo agro-climático.

Además, que se adopten lineamientos de acción local y regional a corto, mediano y largo plazo para lograr soluciones efectivas que cumplan con los derechos humanos a la vida, salud y desarrollo y que contribuyan también a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Finalmente, exhortan a los países que no cuentan con la legislación correspondiente, que sus congresos o asambleas legislativas promuevan la aprobación de normas constitucionales y legales para la protección efectiva del derecho al agua y a una alimentación adecuada.

Alrededor de 180,000 familias afectadas en Honduras

Diagnósticos preliminares hechos en Honduras establecen que en este país centroamericano las perdidas de cosechas en la parte alta está entre el 20% y el 25%, en la parte media del 50% y en la parte alta hasta del 90%, que es donde se concentra la mayor parte de la producción de alimentos

Según estimaciones, en junio, Honduras contaba con 76,000 familias afectadas por la sequia, cifra que a la fecha ascendió alrededor de 180,000 que necesitan de asistencia alimentaria.

Actualmente las autoridades hondureñas le dan cobertura asistencial a 112 municipios con raciones alimenticias de 23 libras que incluyen entre otros productos maíz, arroz, frijol negro, azúcar y harina, con un precio aproximado de entre 300 y 400 lempiras.

Sin embargo, a los 112 municipios afectados se suman otros 55 que requieren de apoyo para hacerle frente a este problema que afecta el derecho a la seguridad alimentaria de los hondureños.

De lo anterior se desprende que el 56% de los municipios de Honduras están afectados por los efectos de la sequia.

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