Tegucigalpa.- El Ministerio Publico por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), quiere hacer del conocimiento del pueblo en general, sobre las acciones dilatorias por parte de la defensa en el caso que se le sigue al joven universitario Kevin Solórzano, vinculado al asesinato del ciudadano Edwin Eguigure Abdul, mismas que han obligado a tener que solicitar una prórroga para la celebración de la audiencia preliminar.

Como se recordara el tribunal dicto auto de formal procesamiento en fecha 25 de noviembre del 2014, mismo que fue apelado por la defensa de Kevin Solórzano, acción que motivo la devolución del expediente por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento hasta el día 13 de febrero 2015. Durante todo este tiempo (casi dos meses y medio), en el cual se suspendió la jurisdicción al juzgado, se imposibilitó al Ministerio Publico la comprobación de diferentes diligencias probatorias bajo control judicial, tales como la solicitud de un nuevo vaciado telefónico a la empresa de telefonía móvil Claro, entre otras.

Destacamos que el Ministerio Publico ha estado listo para proceder a solicitar, bajo autorización judicial, la práctica de varias diligencias, sin embargo ha sorprendido al ente acusador que en reiteradas ocasiones la defensa técnica del ciudadano Solórzano ha intentado impedir el curso normal del proceso.

Asimismo, a dos días de haberse devuelto el expediente al Tribunal, la defensa presentó una acción de recusación contra el juez de la causa, bajo un argumento jurídico que consideramos esta apartado de la norma procesal penal, misma que fue denegado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento. La acción anterior obstruyó el curso normal del proceso desde el 23 de febrero hasta el 10 de marzo, 2015, provocando 15 días más de retraso; asimismo un nuevo recurso de reposición contra tal resolución indujo que la Corte de Apelaciones resolviera inmediatamente a fin de evitar una dilación mas en el presente caso.

En tal sentido el expediente ha estado disponible para continuar con el proceso hasta el día 12 de marzo del presente año, bajo la amenaza de una nueva recusación ya anunciada por los abogados defensores quienes acudieron al órgano jurisdiccional junto a un Notario Público para levantar actas notariales sobre el estado actual del expediente.

En las acciones anteriores la defensa pretendió impedir que el ciudadano Solórzano fuera evaluado psicológica y psiquiátricamente, habiendo tenido conocimiento de la práctica de dichas diligencias, sin haberse opuesto a la misma en sede judicial y además habiéndose citados los defensores en legal y debida forma por el Tribunal. Las practicas ya enunciadas, obligaron al Ministerio Publico a solicitar una ampliación, en virtud que el plazo otorgado inicialmente corresponde según el artículo 300 del código procesal penal hasta 60 días, término en el cual ha sido imposible evacuar los trabajos investigativos de la estrategia así como las propias diligencias solicitadas por la misma defensa, para corroborar o desvirtuar los hechos imputados.

Ante todo lo descrito anteriormente el ente acusador deja CONSTANCIA PÚBLICA de su interés por llegar a la verdad, en el caso en el que perdió la vida el ciudadano Edwin Eguigure Abdul, respetando las normas del debido proceso así como el principio de objetividad que rige al Ministerio Publico, investigando no solo los hechos que agravan la responsabilidad del imputado sino las que le eximan o atenúen su responsabilidad.

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