Washington, no queda duda ya, apuesta por comisiones internacionales contra la impunidad como herramientas para combatir la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Al diálogo diplomático que inició a finales de 2014 para que el gobierno de Otto Pérez Molina renovara el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siguieron múltiples declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, las más recientes fueron las del enviado especial Thomas Shannon.

El jueves, el Senado de EUA cerró el círculo al ponerle dinero al asunto: $2 millones para financiar en Honduras una comisión similar a la guatemalteca, una CICIH.

“De los fondos adjudicados bajo el título ‘Control internacional de narcóticos y aplicación de la ley’… no menos de $2 millones deberán estar disponibles, tras consultas con este comité, como contribución de los Estados Unidos a una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, si una comisión así se establece”, dice el numeral 6 de la sección 7045 del proyecto de ley de operaciones extranjeras publicado ayer por el comité de adjudicaciones del Senado.

La existencia y operación de la CICIG, con atribuciones de investigación criminal, entre otras cosas, fue aprobada por el congreso guatemalteco en 2007. Desde entonces, la comisión ha sido central en la desarticulación de bandas de narcotraficantes y en la persecución penal de funcionarios acusados de corrupción, asesinatos y otros crímenes.

En 2010, a través de Arturo Valenzuela, el entonces subsecretario para el Hemisferio Occidental de Obama, Estados Unidos llevó a Centroamérica la idea de una comisión regional.

La posibilidad de ampliar el modelo guatemalteco a los otros dos países del Triángulo Norte empezó a tomar fuerza a finales de 2010, luego de que la administración del expresidente salvadoreño Mauricio Funes lo propuso a las Naciones Unidas, en Nueva York, y retomará la propuesta del Gobierno Obama a través del Departamento de Estado, según fuentes estadounidenses y salvadoreñas consultadas. Ese intento, sin embargo, no prosperó.

A finales del año pasado, tras la crisis de los menores migrantes indocumentados y ante la insistencia de Estados Unidos de que un plan para enfrentar las causas de la migración centroamericana tenía que abordar el tema de la corrupción, el tema de una comisión regional volvió a surgir.

Fue el vicepresidente Joe Biden en persona quien, según dos fuentes legislativas en Washington, trasladó al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, que Estados Unidos quería ampliar el plazo de operación de CICIG como requisito para continuar con las pláticas de apoyo financiero a la Alianza para la Prosperidad.

En principio, Pérez Molina se opuso, pero terminó apoyando la ampliación luego de que su vicepresidenta, Roxana Baldetti, apareciera involucrada, tras una investigación de CICIG, en un escándalo de corrupción.

Este martes, mientras estaba de visita en El Salvador, Shannon dijo a periodistas que “sería inteligente” para el país buscar un modelo como CICIG. La reacción del gobierno de Salvador Sánchez Cerén llegó un día después de voz de Hato Hasbún, comisionado presidencial de seguridad, quien dijo que una comisión así “no era necesaria” en El Salvador.

Está claro hoy que Washington cree que comisiones internacionales contra la impunidad sí son necesarias en el Triángulo Norte.

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