Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó al Ministerio Público (MP) un nuevo informe de auditoría, que concluye en indicios de responsabilidad penal encontradas en la Unidad Supervisora de Concesiones de la municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, por la compra de tres terrenos valorados en 49.3 millones de lempiras.

El Informe No.064-2014-DAM-CFTM-AM-B se desprende de la auditoría financiera y de cumplimiento legal efectuada por la Dirección de Municipalidades del TSC a dicha entidad, correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.

La auditoría detectó irregularidades en la adquisición de tres terrenos por un valor total de 49.3 millones de lempiras. A criterio del ente contralor del Estado, en dicha operación se habría incurrido en la comisión de delitos que ameritaría incoar acusaciones ante los tribunales de justicia.

“Se remite el informe que contiene hechos con indicios que podrían ser considerados como responsabilidad penal y cuyas características deben ser evaluadas por la fiscalía para proceder con las acciones conforme lo considere el Ministerio Público”, cita el oficio número 1239-2015-DM remitido por el TSC al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla.

El expediente que contiene la auditoría se remitió al MP en vista que es el ente competente para ejercer la acción penal ante los juzgados.

Omisión
La auditoría practicada a la Unidad Supervisora de Concesiones de la municipalidad de San Pedro Sula comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo, detectando irregularidades en la adquisición de tres terrenos por la suma de 49,320,283.20.

Uno se trata de 62 manzanas de terreno ubicado en la colonia Rivera Hernández, adquirido por 19,710,000.00 lempiras, mediante tres cheques emitidos en febrero y diciembre de 2012, y en agosto de 2014.

El segundo refiere a la compra de 24 manzanas de terreno ubicado en Cofradía, adquirido mediante el pago de un cheque por 12,480,000.00 lempiras, emitido en agosto de 2013 y enero de 2014.

El tercer inmueble comprado consistió en 23.79 manzanas de terreno ubicado en Chotepe, sector El Guanal. Fue adquirido por 17,130,283.20 lempiras, mediante dos cheques emitidos en julio y noviembre de 2013.

En el informe se detalla que al analizar el rubro de Propiedad Planta y Equipo se verificó que en los documentos encontrados en los expedientes de compras, no se encuentra el avalúo que emite la Secretaría de Finanzas a través el Departamento de Bienes Nacionales.

Según la auditoría al no contar con el avalúo que emite Finanzas se violentó lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, la Ley de Dirección de Bienes Nacionales, la Constitución de la República y la Ley de Municipalidades.

Estos tres terrenos fueron comprados a solicitud de la Empresa Aguas de San Pedro, para proyectos de plantas de tratamiento de aguas en la ciudad de San Pedro Sula.

En su informe, el TSC establece, además, que cuando se trate de bienes inmuebles, previamente a su adquisición, la Gerencia Administrativa de la institución interesada debe solicitar una certificación al Instituto de la Propiedad donde conste que el inmueble a adquirir no es nacional, ni ejidal.

En su informe el TSC concluye que, “las infracciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Municipalidad, tienen indicios de Responsabilidad Penal”.

Por lo tanto, el TSC recomienda al fiscal general que en base a este informe de auditoría realizada a la Unidad Supervisora de Concesiones de la Municipalidad de San Pedro Sula, se realicen los análisis e investigaciones del caso y se efectúen las acciones que se consideren procedentes.

Responsabilidades
Sobre este mismo caso, el TSC notificó en julio pasado otro informe señalando que por estas irregularidades se ameritó notificar pliegos de responsabilidad civil y administrativa.

El TSC estableció que al no obtener el dictamen de avalúo por parte de Finanzas, se pudo comprar dichos terrenos a precios mayores a lo establecido en el mercado.

Por otro lado, personal del TSC inspeccionó los terrenos adquiridos por la Unidad Supervisora de Concesiones, constatando que sus dimensiones son muy extensas para la construcción de plantas de tratamiento. Además, se ubican en zonas de alto riesgo.

Además, los mismos no cuentan con una cerca perimetral para delimitar el área comprada, sin seguridad, carecen de mantenimiento, ni están identificados como propiedad de la Municipalidad.

En conclusión, se podría deducir que la compra de terrenos en mención está sobredimensionada.

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