Tegucigalpa.- En una rueda de prensa en Tegucigalpa, Berta Zúñiga, hija de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo, exigió hoy al Gobierno que “acepte la intervención” de una comisión independiente integrada por expertos internacionales y liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que contribuya de “forma activa a la investigación y esclarecimiento del crimen” de su madre.

Zúñiga además pidió respeto al derecho de las víctimas a participar “activamente” en el proceso de investigación que coordina el Ministerio Público.

No obstante, Víctor Fernández, abogado de la familia de Cáceres, dijo en la rueda de prensa que un tribunal de la Esperanza le notificó este martes que esa posibilidad “no existe”, por lo que el Ministerio Público continuará al frente de la investigación, “al margen de las peticiones de las víctimas”.

Zúñiga, segunda de los cuatro hijos que dejó la líder ecologista, culpó al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y al fiscal general, Óscar Chinchilla, de “no haber cumplido con su deber” de proteger y velar por la vida de su madre, que ya había sido amenazada por su labor.

“Tenemos derecho a creer que ustedes son parte del crimen y que ocultan la investigación a las víctimas para garantizarse impunidad”, subrayó la joven en una carta pública dirigida a ambos altos funcionarios y que fue entregada ante la secretaría del Ministerio Público de Tegucigalpa.

Cáceres fue asesinada pese a tener medidas cautelares de la CIDH, organismo que, según dijo Zúñiga, ya había alertado al Gobierno hondureño de que su madre “estaba en graves y reales riesgos” y había solicitado su protección.

Insistió en que el presidente hondureño y el fiscal general “son responsables” del crimen de su madre, y dijo que espera que “un día sean juzgados”.

“Su actitud y las dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Berta, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad”, añade la carta pública.

Zuñiga denunció además que el director hondureño de fiscales, Arturo Duarte, “es socio” del bufete que representa a la empresa DESA, de capital hondureño y chino, que pretende construir el proyecto hidroeléctrico y acusó a Berta Cáceres en 2013 de provocarle daños.

“¿Ustedes creen que se puede ocultar que el abogado de DESA, Juan Sánchez Cantillano, ha sido socio y amigo personal del actual director de fiscales, Arturo Duarte, y que esto constituye una clara fuente de contaminación y manipulación de la investigación?”, señaló la joven.

Zúñiga y el COPINH también exigen respeto a los derechos del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato, y que se le permita regresar a su país.

La familia de Cáceres y el COPINH además piden al Gobierno hondureño esclarecer “el rol” de los agentes del FBI de Estados Unidos en la investigación, así como las acciones aplicadas a los funcionarios públicos que “fallaron o incumplieron su obligación de proteger a Berta Cáceres”.

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