enero 15, 2021

Tegucigalpa, 6 abril. El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que “envié al Congreso Nacional una iniciativa de ley especial que tiene que ver con declarar prioridad nacional, declarar emergencia, la depuración policial”.

En comparecencia de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario dijo que “en ese sentido, el Poder Ejecutivo requiere de la autoridad que le pueda legar el Congreso Nacional para que exclusivamente la relación entre el Estado y el policía, sea administrativo, sea agente, sea oficial, dependa exclusivamente de la confianza”.

Agregó que “quiero afianzar el punto de que no es lo mismo la relación laboral entre el Estado a través del Gobierno con un ingeniero, con un abogado que trabaja en operaciones cotidianas ordinarias normales, a la de un policía, en quien descansa el Estado, la seguridad de su pueblo, de los bienes y a quien se le habilita con suficiente autoridad que requiere de niveles de confianza sumamente alto”.

“Por tanto, alguien puede ser honesto, pero si no es suficientemente diligente no debe el Estado seguirlo teniendo en las fuerzas policiales”, advirtió Hernández.

Apuntó que, “de igual forma no puede seguir teniendo a un policía, a un operador de justicia que no se pueda probar ante un juez que pertenece o ha cometido delitos o pertenece a una banda delictiva, pero que sí se tiene la información de inteligencia que en efecto ha participado, pero a veces no es posible probarlo”.

El gobernante adelantó que todo lo anterior son parámetros que están incluidos en la iniciativa de ley que mandó al Congreso.

Hernández reiteró que ha ordenado que se dé total colaboración al Ministerio Público y se le entregue toda la documentación necesaria para esclarecer el asesinato, en 2009, del director de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, hecho en el que supuestamente están involucrados miembros de la Policía Nacional.

“Quiero ser enfático: no vamos a tolerar que ningún policía sea obstáculo en recuperar la paz y la tranquilidad del país”, advirtió.

Agregó el mandatario que “también enfáticamente quiero afirmar que he encontrado ciudadanos hondureños que son policías que quieren rescatar su institución, que quieren contribuir al país con ese servicio especial”.

Por tanto –consideró- sería injusto tratarlos a todos de la misma manera.

El presidente Hernández insistió en que ningún operador de justicia en Honduras debe de ser obstáculo para recuperar la paz y la tranquilidad del país.

“Y en lo que a mi responsabilidad corresponde, nadie de los operadores de justicia que sea parte del Poder Ejecutivo debe de seguir siendo parte del Poder Ejecutivo o de estas instituciones si es un obstáculo en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras”, sentenció.

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