“Lo que pasa es que existe una ley que le prohíbe al gobierno norteamericano deportar de manera automática a los niños y a las niñas; cuando un niño o una niña llegan con su familia o solos a la frontera con EEUU, se acogen a una ley que se llama TDPRA que se promulgó en el 2008 y esa ley le exige al gobierno y a las autoridades norteamericanas que antes de deportar a los niños sean escuchados en una corte para ver si han sido víctimas de trata”, manifestó José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza.

Agregó que la política norteamericana es una política de deportación, pero estas leyes lo que hacen es retardar, lo que sucede muchas veces es que estos niños esta en centros de detención en condiciones que no son las mejores y en ese sentido el gobierno siempre está tratando de monitorear.

Evidentemente existe la preocupación por el bienestar, según la agencia de migración en EEUU apuntan que el año pasado llegaron a su frontera 17 mil niños y niñas hondureñas entre los 8 y 18 años en su mayoría, pero hay algunos que llegan todavía más pequeños con sus madres.

“Se les tiene que asignar un proceso para ser escuchados en Corte, pero como no hay suficientes abogados que los representen a veces los procesos van tardando, entonces a veces los ponen con su familia para que estén esperando el juicio, tienen que estar pendientes presentándose para esperen la audiencia que les toca y saber si van a acogerse a un proceso de protección o van a ser regresados al país”.

Según el Director de Casa, alrededor de 20 mil niños y niñas sale cada año de Honduras huyendo de la violencia, “es decir en este momento tenemos más niños migrantes que niños en situación de calle, porque los problemas no se resuelven en Honduras”

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