Claro que hay que hacer prevalecer la presunción de inocencia e indicar que quienes son capturados aún se les debe seguir juicio respectivo para determinar su culpabilidad o no, pero esa no puede ser excusa para no conocer quiénes son los sospechosos de haber cometido acto corrupto, criminal o delincuencial

Con respecto a la exhortación legislativa que se le ha hecho al Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, para que “gire instrucciones a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que de oficio, realice las investigaciones necesarias para deducir responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que hayan vulnerado el derecho al honor y la presunción de inocencia de personas capturadas por haber cometido delito” diversos sectores de la sociedad civil ven con reserva dicha propuesta ya que la misma pudiese llegar a limitar derechos y libertades relativos al acceso a la información pública y el ejercicio de la prensa.

El dirigente de la sociedad civil Omar Edgardo Rivera Pacheco, manifestó que “si bien es cierto el honor de los capturados debe ser respetado, bajo ninguna circunstancias es aceptable que la institucionalidad estatal incumpla el deber de rendir cuentas, ni que se restrinja la libertad de prensa y el derecho del pueblo a estar informado”.

“Las instituciones operadores de seguridad y justicia en el país devienen obligadas a informar a la población de sus actuaciones y el resultados de sus diligencias; del mismo modo, los medios de comunicación no pueden tener obstáculos normativos a auscultar quien y porque está siendo acusado de la comisión de un delito y quien es capturado luego de la respectiva autorización de un juez; y –tal vez lo más importante- nadie debe bajo ningún argumento transgredir el derecho de los hondureños a estar integral y permanentemente informados de las actuación de las autoridades y de los hechos vinculados a la actividad delictiva en el territorio nacional” expresó.

El dirigente de la sociedad civil precisó que los asuntos de forma no deben sobreponerse a los de fondo; “claro que hay que hacer prevalecer la presunción de inocencia e indicar que quienes son capturados aún se les debe seguir juicio respectivo para determinar su culpabilidad o no, pero esa no puede ser excusa para no conocer quiénes son los sospechosos de haber cometido acto corrupto, criminal o delincuencial”.

“A mí lo que me llama la atención es que lo que antes era bueno, ahora es malo; es decir, antes cuando a narcos y mareros los exhibían ante las cámaras de televisión los políticos aplaudían con energía y pasión, pero ahora que el Ministerio Publico (MP), investiga y persigue a miembros de diferentes partidos políticos, estos –en el Congreso Nacional- buscan aterciopelar la acción del Estado para no salir expuestos” culminó exteriorizando.

El Diputado Denis Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), por el Departamento de Francisco Morazán, propuso esta semana que el Congreso Nacional de la República, una moción –que fue aprobada- que autoriza a la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad y Previsión Ciudadana para que de forma conjunta se presenten ante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y al Fiscal General de la República a efecto de que expliquen porque la Policía Nacional y la ATIC, al capturar a las personas que presuntamente han cometido delito, las presentan ante los medios de comunicación, vulnerando el derecho de presunción de inocencia de que gozan las personas procesadas y su derecho al honor a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, violando las normativas de protección de Derechos Humanos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Honduras es parte y las leyes vigentes en el país. De igual forma para que estas Comisiones comparezcan ante la Cámara Legislativa, en un lapso de 10 días, para brindar informe de los resultados obtenidos.

Del mismo modo, la moción establece el exhorto al Fiscal General de la República a efecto de que gire instrucciones a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que de oficio, realice las investigaciones necesarias para deducir responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional y de la ATIC, que hayan vulnerado el derecho al honor y la presunción de inocencia de personas capturadas por haber cometido delito.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *