Para el dirigente de la sociedad civil Omar Edgardo Rivera Pacheco, “la represión de los delitos cometidos por bandas del crimen organizado, carteles del narcotráfico, maras y pandillas, debe seguirse ejecutando con la misma contundencia que hasta ahora, ya que ha dado resultado”;

Sin embargo, señala que “deben diversificarse algunas acciones desde los operadores de seguridad y justicia a fin de también enfrentar fenómeno de extorsión, robo común, violencia doméstica, riñas interpersonales y portación ilegal de armas de fuego”.

“Las estadísticas lo señalan de forma categórica, gran parte de las muertes violentas son originadas por dinámicas comunitarias en las que conflictos entre ciudadanos, el alcoholismo y pleitos intrafamiliares son la causa” citó.

El también miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, reveló que “más de ¾ partes de los homicidios y asesinatos en el país se ejecutan con armas de fuego, por lo que su regulación es indispensable garantizar que únicamente circulan las de uso legal y que quienes las porten y usen estén debidamente autorizados”; el depurador instó al gobierno de la República reglamentar lo antes posible la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, y aplicar sus disposiciones de inmediato.

“Creo que se ha tenido relativo éxito en descabezar a las redes criminales y saturar algunas zonas calientes en donde existen altos índices delincuenciales y de violencia; esto ha provocado una disminución de la tasa de homicidios y –sin duda alguna- es digno de reconocer. No obstante, existen algunas otras manifestaciones criminales y transgresoras de la Ley que deben atenderse, ya que afectan a la ciudadanía, especialmente a los segmentos colocados en situación de vulnerabilidad, como la niñez, juventud y mujeres” expresó.

Rivera Pacheco, recomendó diseñar e implementar integrales programa de prevención de la violencia, atender de forma más inmediata la conflictividad social y comportamiento violentos en el hogar; del mismo modo, sugirió especializar a los operadores de seguridad y justicia para atender a grupos poblaciones históricamente sometidos a la violencia, como los son las personas menores de edad y las mujeres.

“En las comunidades hay mucho conflicto, que sumado a la falta de control de armas de fuego, hacen que las muertes aparezcan dispersas en el territorio nacional, pero que en suma representan una importante cuantía; hay un problema social en las comunidades y ahí las autoridades deben estar presentes para intervenir. De la misma manera, es fundamental impulsar la ejecución de programas educativos para resolución pacífica de conflictos y alejar a los niños, adolescente y jóvenes de las drogas y el alcohol” precisó.

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