LA PAZ. Son 23 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que vivió en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

El número tiende aumentar. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”. “Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

“NO UNA LICENCIA PARA MATAR”
El Gobierno de Añez aseguró ayer sábado que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una “licencia para matar” y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes “no contribuye a ningún estado de mayor violencia” sino que es un instrumento para “contribuir a la paz social”.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *