El presidente Juan Orlando Hernández le expresó a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario que “estamos para apoyarles con todo, sin retroceder”, y pidió a los defensores de derechos humanos que colaboren para hacer valer los derechos de las víctimas de la delincuencia.

El Poder Ejecutivo decretó el lunes 16 de diciembre un estado de emergencia en los centros penitenciarios y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) tomó el control del sistema carcelario, ya que las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario (INP) fueron suspendidas de sus cargos por el tiempo que dure la intervención (seis meses).

La intervención también alcanza al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), según la determinación del Poder Ejecutivo.

Apoyo rotundo

“Quiero decirles a la Junta Interventora lo que les he dicho en privado y hoy lo diré en público, que estamos para apoyarles con todo, sin retroceder”, resaltó Hernández en comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

Afirmó que los resultados que se han tenido hasta la fecha “no quiero que los medios los dejen fuera de contexto, pues las estadísticas en 2009 decían que nos convertimos en el país más violento del mundo y en buena medida esto tenía que ver con las cárceles”.

Ejemplificó que hay videos del Centro Penal de San Pedro Sula que quedarán como memoria histórica de cómo los delincuentes administraban las cárceles.

“Lo que estamos viendo hoy es una reacción que en otros sistemas del mundo, también se ven en las cárceles de máxima seguridad; si no, miren el caso de Panamá (ayer con la muerte de 12 reos y 13 heridos en la cárcel La Joyita), y se ha visto en Brasil y otros países”, puntualizó.

“No quiero dejar de mencionar que Fusina está compuesta por policías, militares y algunas autoridades civiles. La institucionalidad de Fusina estará toda respaldando el proceso de intervención de las cárceles”, recalcó.

“Allí vamos a tener también a unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional”, indicó el mandatario.

Reducción de homicidios y secuestros

Hernández recordó que se viene de lograr una reducción de un 50 por ciento en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, al igual que se han reducido en un 90 por ciento los índices de secuestros.

“Esos homicidios y secuestros que se han logrado reducir en el pasado se ordenaban hacer desde las cárceles, pero no se reflejaban en videos, ni tan siquiera se daban cuenta de lo que pasaba allí”, indicó.

Ilustró que existe un trabajo de investigación por parte de los medios de comunicación de hace unos años atrás de cómo en la Penitenciaría Nacional de Támara los privados de libertad tenían el control absoluto y mandaban a secuestrar niñas a los colegios.

“Las raptaban, las ingresaban al centro penal, las abusaban y luego las ponían en la calle y en algunas ocasiones no volvían a aparecer”, relató.

A raíz de la intervención en el sistema penitenciario, “hay reacciones y claro que las van a haber. El principal propósito es proteger al pueblo hondureño de los más peligrosos, de esas máquinas de matar, de esos seres humanos que perdieron el alma y el respeto por las personas”, señaló Hernández.

Seguirán con más cárceles

El jefe de Estado dijo que “no es algo común y corriente; por tanto, decidimos construir cárceles y lo vamos a seguir haciendo, (más) el uso de tecnología, de protocolos internacionales, pero es fundamental e importante entender que desde 2013 a la fecha ha habido un aumento impresionante en el número de capturas y que los jueces han ordenado su detención”.

Refirió que en 2013 existía una población penitenciaria de aproximadamente 13.000 privados de libertad y en 2019 se incrementó a 21.731.

“Este es un tema que no es menor”, añadió al tiempo que dijo que “cuando cerramos esos centros penales lo que existía allí era un imperio del mal”.

Agregó que “allí tenían lujos como plasmas, bares privados, juegos de azar, armas, dinero, prostitución y espacios para planificar lo que iban a hacer allí”.

“Claro que ahora no les gusta estar confinados y tampoco ha sido fácil que el sistema hondureño vaya todo acorde a todas estas decisiones, pues a veces hemos tenido opiniones judiciales de que un privado de libertad no debe de estar en una cárcel 23 horas al día y entonces al abrirle un recinto se vuelve complicado el tema”, expresó.

Sin embargo, “ya estamos conversando con jueces de ejecución para definir una sola política”, apuntó, y pidió a los hondureños que “no olviden de dónde venimos” en materia de seguridad.

Nuevo sistema

Hernández expuso que “esta intervención del sistema penitenciario nacional es para evaluar, tomar las mejores decisiones, y esa evaluación en buena medida va a tener que ver con un sistema de inteligencia, porque los oficiales que están apoyando este proceso tienen conocimiento del tema”.

“Todo esto nos llevará a tomar las mejores decisiones en un tema temporal en el que se ejecutarán las mejores prácticas con tecnología y con un personal calificado y novedoso”, acotó.

No obstante, el mandatario reconoció que el repunte delincuencial en gran parte se debe al reacomodamiento y las luchas entre bandas criminales y los nuevos liderazgos que quieren asumir supliendo a los que están en las cárceles.

Asimismo, dijo que otro ingrediente es que la gran mayoría de crímenes son pasionales, por invasión de propiedades, consumo de alcohol y drogas.

“Lo que estamos viendo son más problemas de convivencia que de criminalidad organizada”, indicó.

“Esto nos lleva a crear una agenda de trabajo en principios y valores para la sana convivencia”, sumó.

Llamado a Conaprev

Hernández pidió al Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y a los activistas de derechos humanos que “trabajemos en colaboración, al igual que a la ciudadanía, para hacer valer también los derechos de las víctimas, y el pueblo hondureño ha sido la principal víctima”.

“Muchas veces no se dice nada desde los derechos humanos sobre los embates que se han sufrido”, puntualizó.

“No se puede desconocer que hay un grupo de abogados y familiares que han venido atacando el sistema carcelario de máxima seguridad y lo seguirán atacando”, acotó.

“Se los he dicho a los interventores: que estos abogados y familiares de los privados de libertad más peligrosos también buscan la manera de desacreditar el sistema para volver a la holgura que tenían antes”, concluyó Hernández.

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