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Congreso de El Salvador, afín a Bukele, destituye a grupo de jueces de Corte Suprema

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y como primera medida destituyó a los jueces que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que adoptó decisiones incómodas para el mandatario.

«Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados», declaró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. La decisión retira del cargo a los cinco miembros de la sala constitucional y a sus suplentes. El Parlamento nombrará de inmediato a sus reemplazantes.

Bukele ha librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción.

El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había «quitado atribuciones para luchar contra la pandemia» de covid-19.

La Sala de lo Constitucional resuelve demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado. Sus actuales miembros fueron designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele.

Según un comunicado publicado el año pasado por la organización WOLA (Washington Office on Latin America), Bukele distorsionó el contenido de las decisiones de los jueces «construyendo una narrativa que los coloca como enemigos de la ciudadanía».

En el nuevo Congreso unicameral, el partido formado por Bukele, Nuevas Ideas (NI), tendrá 56 diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuentan con 5, sumando 61 escaños de un total de 84. Será presidido por el exsecretario privado de la presidencia, Ernesto Castro.

Con ese número, los aliados de Bukele superan la llamada «mayoría calificada» en el Parlamento que, además de las funciones habituales de aprobar leyes, les permite ratificar préstamos, elegir procuradores, al fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema.

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