Lolis María Salas, jefa de la delegación del Estado de Honduras y Directora Ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia-DINAF en el marco del 30º aniversario, y del 14o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal expresó la voluntad de renovar votos por coordinar y acentuar esfuerzos en la prevención del delito, dentro del contexto del desarrollo social y económico, expresados en la Declaración de Kioto.

“Nuestra Declaración reafirma el legado del Congreso de las Naciones Unidas, durante los últimos 65 años, y a la vez reconoce el impacto negativo que tiene el delito para el estado de derecho, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la seguridad, el medio ambiente y el patrimonio cultural”, sostuvo.

Honduras ha experimentado a lo largo de las dos últimas décadas, el impacto que la criminalidad organizada transnacional tiene para la paz, para el desarrollo económico y social y los derechos humanos, dijo.

Recordó, que en el año 2012, una ciudad de Honduras era una de las más violentas del Mundo, “hoy hemos logrado una reducción sustantiva de la tasa de homicidios de más del 50 por ciento, pero sabemos que no es suficiente, debemos avanzar hacia la remoción de las desigualdades a través del desarrollo sostenible, para abordar los factores de riesgo y vulnerabilidades que favorecen el fenómeno del delito, en particular para proteger a las niñas, niños y jóvenes de las maras y pandillas”.

Además, “necesitamos redoblar esfuerzos, mejorar respuestas a través de enfoques multidimensionales dentro de una estrategia de desarrollo, consistentes con las obligaciones en materia de derechos humanos y perspectiva de género”.

“Por eso damos la bienvenida a la Declaración de Kioto, que sin lugar a dudas se convertirá en una herramienta de política pública crucial para fortalecer nuestras acciones”, apuntó.

También, “damos la bienvenida a la intención del Gobierno de Japón de trabajar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el apropiado seguimiento de la implementación de la Declaración de Kioto sobre la promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y apoyamos que este seguimiento se haga a través de un punto permanente en la agenda, así como la realización de discusiones temáticas interregionales para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre dicha implementación”.

Como titular de la delegación recomendó que esta Comisión endose la Declaración de Kioto y le dé el debido curso, a efecto de que sea aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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