La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), evacuó la audiencia de proposición de pruebas en la que se señaló del 22 al 26 de agosto de 2022 el juicio oral y público del caso denominado “Operación Caudillo”.

Esta causa conllevó a la ejecución de 13 allanamientos de morada, 10 inspecciones a negocios y el aseguramiento sobre 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros
en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, donde se dio captura de José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos.

La investigación inició por denuncia recibida en el mes de octubre del año 2015 en la DLCN en contra del exalcalde de Cucuyagua, Javier Adaly López Alvarado, de quien se establecía su crecimiento económico a partir del año 2005, mediante la adquisición de bienes. En posteriores denuncias se estableció la supuesta vinculación del señor López Alvarado con actividades de tráfico ilícito de drogas a través de rutas y puntos clandestinos de la zona occidental del país y la relación con el ciudadano Mario Cruz Pérez Cuéllar en las supuestas actividades de lavado de activos.

Como parte de las diligencias investigativas practicadas, se identificó el patrimonio de los investigados y su núcleo familiar, se realizó ubicación de viviendas y negocios, se recopiló la información sobre sus obligaciones tributarias y titularidad de productos en el Sistema Financiero Nacional, evidenciándose un patrimonio sin causa o justificación económica, utilizándose para el movimiento de activos, acciones comerciales en los rubros de transporte, hotelería, comercialización de café y construcción.

Con todo lo anterior, se estableció el análisis financiero preliminar donde se identificaron diversas operaciones típicas de lavado de activos, estableciéndose respecto al señor Javier Adaly López Alvarado la no justificación económica por un monto de L.815,825,692.26. Cabe destacar que cantidades de igual relevancia se aprecian respecto a las demás personas contra quienes se han librado órdenes de captura.

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  1. Ana Lily Umanzor Barahona says:

    Las acciones tomadas por el Ministerio Público son las adecuadas ya que las personas que ocupan cargos públicos no pueden estar implicadas en el lavado de activos enriqueciendose desmesuradamente sin importarle las consecuencias de sus acciones con el pueblo por lo que deben tener consecuencias graves por las acciones y penales.

  2. Solanyi Izaguirre says:

    Que pena que aquellos que deben velar por los intereses del pueblo se los roban.
    Esta más que claro que esta Red de corrupción es imparable

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