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Confirman auto de formal procesamiento a exfuncionario del SANAA acusado de malversación de fondos

Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró que una corte de apelaciones confirmara el auto de formal procesamiento en contra de un exfuncionario del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), acusado por ilicitudes en la administración anterior en relación al mal uso de fondos de la institución.
 
Se trata del gerente legal, Aníbal Rodríguez Umanzor, a quien se le declaró “Sin Lugar” el recurso de apelación presentado por su defensa, por lo que en los próximos días irá a audiencia preliminar por suponerle responsable de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.

Otros acusados son: el ex gerente general de esa institución, Luis René Eveline Hernández y el extesorero, Óscar Urbano Núñez, por violación de los deberes de los funcionarios, así como el exgerente financiero, Rodolfo San Martín Bendaña, por usurpación de funciones y malversación de caudales públicos; los dos primeros tienen auto de apertura a juicio decretado y el tercero se someterá este martes a un procedimiento abreviado (aceptará culpabilidad).

De acuerdo a la investigación, en este caso se desviaron setecientos veinticinco mil lempiras (L. 725,000.00) de fondos públicos del SANAA y que fueron a parar a cuentas personales de algunos de los involucrados.

La cantidad malversada fue emitida a través de cinco cheques por distintos montos que oscilan entre los 20 y 250 mil lempiras, constatándose que en la asignación de fondos especiales para el exgerente legal, no se siguieron los requisitos legales establecidos en el reglamento interno de uso y manejo de caja chica y fondos especiales del SANAA.

Con lo anterior, los exfuncionarios irrespetaron las normas y asignación de recursos; en el caso del exgerente del SANAA que autorizó estos pagos, su deber era verificar que existiera la solicitud del empleado o funcionario, donde pedía el capital y la justificación en lo que iban a ser utilizados, además se determinó que la cantidad límite para solicitar es de 50 mil lempiras y en varios de los desembolsos rebasaban esa cantidad.

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