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Políticas de persecución para responder a los diferentes escenarios del crimen

“Hay varios retos y una encrucijada para el Ministerio Público como parte de la columna vertical del sistema de justicia”, señaló en su intervención la coordinadora de la Comisión Interventora de la Fiscalía hondureña, María Antonia Navarro.

Según Navarro hay que recobrar la confiabilidad interinstitucional para recuperar el binomio policía – Ministerio Público.

“Pensamos que la Policía debe de invertir mucho en un cuerpo de investigación para combatir el crimen, el Ministerio Público no puede hacer todo solo tiene que trabajar de forma coordinada con la Policía y el Poder Judicial”, sostuvo.
“Ha que ser inteligentes y buscar procesos confiables, transparentes e interinstitucionales para lograr el éxito deseado dando golpes acertados al crimen”, señaló.

Sobre la supuesta situación de algunos fiscales coludidos con el crimen, manifestó que “la depuración debe de ser parte de la política criminal del Estado, debe ser un parámetro del país y de todos los operadores de justicia y no en especial de la Policía y el Ministerio Público.

A criterio de la funcionaria “me parece que el proceso y la toma de decisiones de depurar trasciende a las cabezas de las diferentes instituciones del sistema, son procesos duros que nos hacen vulnerables cuando tomamos esos tentáculos que han podido penetrar las instituciones”.

Sostuvo que las pruebas de confianza sirven para garantizar la credibilidad de la institución.

Es urgente reorientar recursos y crear el Instituto de Ciencias Forenses
El magistrado Óscar Fernando Chinchilla, dijo que es urgente que los pocos recursos con que cuenta la Fiscalía hondureña sean canalizados en delitos con mayor incidencia.

Durante la audiencia pública ante la comisión legislativa, Chinchilla afirmó que “los pocos recursos que tiene el Estado, los estamos destinando en aquellos delitos que tienen poca incidencia, para ello es necesario hacer un inventario de los recursos que tiene la institución para reorientarlos y combatir la franja delictiva”.

El actual magistrado de la Sala de lo Constitucional expresó que es urgente atender el proceso de investigación; “siempre se ha debatido entre la libertad y la seguridad, necesitamos crear un proceso penal donde el imputado no sea visto como un objeto de pruebas”, refirió.

Asimismo, manifestó que “no le quepa la menor duda que renunciaría al cargo de fiscal general si no cumplo con las expectativas”.

Agregó que “estoy dispuesto a asumir el reto para cumplir a cabalidad mis funciones como siempre lo he hecho”.

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