Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en las últimas horas un proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, mediante el que se crea la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

En el capítulo uno de las disposiciones generales que se refiere a la naturaleza, objetivos, principios, definiciones y alcances, se establece en el artículo uno que la ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y su objetivo es reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,
reconocidos y contenidos en los instrumentos de derecho internacional, de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales.

La implementación de esta Ley estará fundamentada, además de en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los siguientes principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.

En el capítulo tres, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.

Mientras tanto, en el artículo 16 de la ley, se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

La instancia funcionaá como órgano consultivo, de asesoría y deliberativo para garantizar los derechos consignados en la ley y en el proceso de implementación de las medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos o de la recta aplicación de la justicia, del ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.

El consejo estará integrado por una persona representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodista de Honduras cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.

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