Tegucigalpa.- Tras que los proveedores de las cámaras de la alcaldía de la Ceiba, anunciaran que procederá legalmente contra el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la titular de este ente, Gabriela Castellanos, los retó a que lo hicieran, argumentando que tiene suficientes pruebas de los delitos que son señalado.

Además, Castellanos aclaró que el CNA no es ningún Show mediático como lo han tildado, debido a que según ella esa institución no tiene una agenda política que cumplir.

“Aquí realmente estamos aportando casos importantes, hemos llevado hechos, hallazgos, información, respaldo, testigos protegidos al Ministerio Público”, detalló la entrevistada.

Señaló que ese órgano no tiene ninguna necesidad de figurar, ya que el trabajo que ellos realizan es realmente serio y precisamente eso es los que ha venido a levantar la imagen del CNA, que es una instancia de sociedad civil creada para combatir de manera frontal la corrupción.

Ante las pretensiones de la empresa proveedora de las cámaras de la comuna ceibeña quien amenazó con entablar una demanda en contra del CNA por daños y perjuicios, la titular de ese ente dijo que ellos tienen los suficientes respaldos para demostrar lo que denuncian.

“Lo que nosotros le podemos decir que la información que nosotros recabamos, es una información que no fácilmente la pueden botar, hay estudios desde el seno del CNA, hay investigaciones, hay personas con peritos que nosotros contratamos para hacer cada una de estas investigaciones y el respaldo es bastante fuerte”, advirtió.

Hace unos días, el CNA mostró en un informe la supuesta compra irregular de cámaras de seguridad por la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida.

La adquisición causó un perjuicio de 7 millones de lempiras, según Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación y la coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos.

De acuerdo a la investigación del CNA, en el contrato de la compra de las cámaras inteligentes existió una sobrevaloración, lo cual es constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes del funcionario y enriquecimiento ilícito.

Por: Edwin Ordóñez

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