A raíz del debate que se ha generado en los últimos meses en el país sobre la necesidad o no de construir una ley de protección de operadores de justicia periodista y derechos humanos, autoridades de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAH, organizaron un foro en el que participaron expertos de reconocida capacidad.

El ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Leo Valladares explicó que tal como está planteada la ley, solo abarcará defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y periodista y las demás personas que ejercen actividades vinculadas a la protección de derechos humanos dentro de una estructura organizada.

Sin embargo mostró su preocupación al reflexionar sobre la situación en la que quedan quienes no están amparados en alguna organización y al realizar su trabajo se encuentre en riesgo de peligro, además señaló que el costo de la referida ley es muy alto.

Por su parte el director de Diario Tiempo Manuel Gamero, explicó que la esencia del periodista es la información y no se les puede considerar defensores de derechos humanos, aunque en algunas oportunidades contribuyen en la defensa de derechos humanos.

Argumento que el CONADEH como institución, puede actuar en función de los derechos humanos de los periodistas, dependiendo del caso particular que se le presente.

Destacó que el periodista también viola los derechos humanos “cuando en lugar de informar se dedica a desinformar…a presentar una falsa realidad”

Para el experimentado periodista, una legislación de este tipo debe buscar la forma de organizar un sistema de comunicación que responda a las necesidades de la sociedad, “un sistema en donde los medios y dueños de los medios de comunicación se responsabilicen de sus acciones” indicó.

Por otro lado la analista y experta en temas de violencia Arabezca Sanchez apuntó que el Estado ya está obligado a proteger los derechos humanos de todos en el país, por lo que se preguntó ¿será o no necesaria esta nueva ley?

Afirmó que es necesario hacer una revisión de un sistema general de justicia y valorar la capacidad de respuesta del Estado en los hechos violentos y de criminalidad en el país.

Como referencia añadió que en las últimas dos décadas, mas de 48 mil personas fueron asesinadas en Honduras y solo la sexta parte de las denuncias recibidas en la DNIC son investigadas y el resto quedan en el olvido.

Por lo tanto aclaró que cuando se habla de impunidad no se puede hacer a partir de una sola institución, “la manera como responde es Estado a los hechos de violencia es la que nos lleva a afirmar si hay o no justicia e impunidad” apuntó.

Durante el desarrollo del evento se esperó la comparecencia de un representante del Congreso Nacional de la República, miembro de la comisión de dictamen de la ley en discusión, sin embargo no acudió al llamado de los organizadores del evento, en el que se pretendía conocer las posturas de diferentes sectores de la sociedad.

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