El juez español Baltasar Garzón está nuevamente en el centro de la polémica por su afición a la cacería. En las últimas horas, comenzaron a circular en las redes sociales dos imágenes que comprometen al magistrado.

En una de ellas se lo ve junto a una importante cantidad de animales muertos y en la otra incluso mira a la cámara mientras está sentado al lado de otras tres personas, todas posando junto a un ejemplar.

Ésta no es la primera vez que Garzón aparece cazando animales. En 2009, El Mundo había publicado una nota en la que contaba que el juez español se había reunido con el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y, durante el fin de semana que estuvieron juntos, además de cenar, cazaron.

El periódico publicó el 11 de febrero de 2009 que tres fuentes distintas le detallaron que el ministro y el juez estuvieron todo un domingo cazando en una finca privada de más de 600 hectáreas llamada Cabeza Prieta, ubicada en el municipio de Torres, el pueblo natal de Garzón.

La nota reseña que el propietario de la misma es José Peñas Pérez, empresario con negocios en la industria farmacéutica que vive en Cataluña y que recientemente acudió a Torres para conocer el pueblo natal de sus padres.

Según informaciones recabadas por ese periódico, Mariano Fernández Bermejo ha participado en cacerías en las que se encontraban dirigentes ‘populares’ de la Comunidad de Madrid y también miembros de la dirección nacional del PP, como Ana Pastor.

Garzón nació el 26 de octubre de 1955 y es juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional desde 1988.

Intervino en la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante esa época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado y narcotráfico.

Fue designado como aspirante a diputado independiente en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.

En 2012, fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante las escuchas del caso Gürtel.

Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Luego, recibió de manos de la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Sigue desarrollando su actividad en dicho país, en Colombia, donde asesora a la Fiscalía General, y en Ecuador, donde elabora un informe para una reforma judicial.

Tomado de Infobae

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