Tomado de Revistazo.com
Afinidad partidista le habría motivado a la magistrada del TSC a perdonar y tapar el 98% de las pérdidas de fondos públicos ocasionados por el ex-alcalde capitalino y actual designado presidencial. Hasta mandó a sancionar al auditor que encontró las irregularidades de Álvarez.

En Honduras la corrupción ha sido permanente y alimentada por la influencia política. Se presenta como cáncer que no solo carcome el tejido político y social, sino también a los órganos de justicia y demás instituciones de la administración pública. Tal es el caso del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), una entidad que desde su creación ha sido embarrada con la podredumbre que genera la politización.

El TSC es la entidad constitucionalmente creada para garantizar la correcta gestión de los recursos del Estado, pero sus magistrados, casi siempre nombrados con métodos fraudulentos en el Congreso Nacional, responden más a los intereses del político o funcionario que lo llevó a ocupar el puesto, que al bien común de los ciudadanos.

Y es lo que según denuncias recibidas por Revistazo.com , sucede con la magistrada del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta, señalada de encubrir millonarios actos de corrupción en favor del ex alcalde Municipal del Distrito Central y actual designado presidencial, Ricardo Álvarez. Documentación en poder de Revistazo indica que el 5 de diciembre de 2012, a solo dos días de entregar la presidencia de ese ente contralor del Estado, Anchecta manoseó una auditoría con reparos arriba de los 303 millones de lempiras para beneficiar al ex edil.

La auditoría

El TSC realizó una auditoría para evaluar la gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2008 y el 8 de marzo de 2010. En el examen los auditores encontraron catorce irregularidades constitutivas de responsabilidad civil para el alcalde, Alvarez, por valor de 303 millones 335 mil 909 lempiras con 61 centavos. Sin embargo, la magistrada Anchecta, siendo presidenta de la entidad, firmó un informe que no se ajusta al contenido del borrador original.

El informe final, publicado en la página web del TSC reduce las 14 incongruencias a solo cuatro, valoradas en 6 millones 192 mil 838 lempiras con 93 centavos. Además hace referencia a responsabilidades administrativas pero no cuantifica los daños que se habrian ocasionado en perjucio de la Municipalidad del Distrito Central
Las responsabilidades que finalmente le notificó el TSC al ex alcalde Álvarez responden únicamente a la falta de soporte en los pagos de barrido de calles, gasto indebido en la compra combustibles, arrendamiento de vehículos sin justificación y pagos indebidos a consultorias sin tener ningún beneficio. El informe excluye irregularidades millonarias en el pago de horas extras a funcionarios de alto rango, la contratación fraudulenta de consultores y alquiler de vehículos para la recolección de la basura en lugares donde ya existen dos empresas contratadas.

Asimismo, lo excluyeron de responsabilidad por un faltante en efectivo de 16.2 millones de lempiras de los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que manejó la alcaldía; la contratación irregular de equipo para el manejo de desechos sólidos y el cobro indebido del impuesto pecuario. El desfase en tiempo de entrega del proyecto de pavimentación entre El Chile y Cerro Grande, también forma parte del primer borrador, pero excluido del informe final.

Para el ex jefe de impugnaciones del TSC, Obdulio Chévez, que el TSC haya reducido de 303.3 a 6 millones de lempiras la responsabilidad civil o penal del ex alcalde Álvarez, solo refleja que la institución ha sido mal manejada. Según Chévez, el favoritismo, la inequidad y el encubrimiento de parte de la directora han sido las normas. Sin embargo, Anchecta se defiende. Niega haber favorecido a Álvarez, y acusa a Chévez de llevar en sus hombros un pliego de responsabilidades por decisiones mal tomadas cuando fungió como gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

Los documentos hablan

“Si hacemos un comparativo de los dos informes observamos que en el primero aparecen 14 hallazgos cuyo monto de responsabilidades asciende a 303 millones 335 mil 909 lempiras con 61 centavos y en el informe final únicamente se menciona 3 con un valor de 6 millones 19 mil 536 lempiras con 85 centavos”, reafirma el director de auditorías municipales para el TSC, Guillermo Amado Mineros, en su memorando, número 176-DM-2013 de fecha 8 de febrero de 2013, dirigido al pleno de miembros, a través del abogado Miguel Ángel Mejía. Sin embargo, el informe final ya incluye un hallazgo más por 173,302.08 lempiras.

La comunicación de Mineros es para interponer un recurso de oposición a la suspensión por cinco días sin goce de salario, notificada en su contra por la directora de administración de personal, Elsa Marina Bocanegra, a través de memorando 112-2013 D.A.P del 5 de febrero de 2013. Esta medida disciplinaria se derivó de la audiencia de descargo realizada el 31 de enero, ordenada por mandato de Anchecta.

De acuerdo al oficio 003-2013 del 29 de enero, Anchecta le solicitó a la directora de administración de personal, levantar audiencia de descargo contra Mineros, por no haber trasladado a la Secretaría General el informe de la auditoría practicada a la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

En su memorando MDOA 003-2013 de fecha 29 de enero, Anchecta le informa a Bocanegra, que ese mismo día tuvo comunicación con Mineros y que este funcionario le dijo que el informe todavía estaba en su oficina porque mantenía pendientes algunas correcciones. “Me pregunto: ¿cómo es posible estar corrigiendo un informe que ya fue firmado por la presidencia de este órgano de control?”, señala el documento.

Anchecta firmó el informe final el 5 de diciembre de 2012 y según ella el documento quedaba listo para ser notificado. Sin embargo, el recurso de oposición presentado por Mineros ante el pleno de magistrados asegura que no se ajusta al contenido del borrador original y que por esa razón no lo trasladó.

Si hacemos un comparativo de los dos informes, observamos que en el primero aparecen 14 hallazgos cuyo monto de responsabilidades asciende a 303 millones 335 mil 909 lempiras con 61 centavos y en el informe final únicamente se mencionan 3 con un valor de 6 millones 19 mil 536 lempiras con 85 centavos”, detalla Mineros Del documento original eliminaron 68 millones 267 mil treinta y un lempiras con 15 centavos, argumentando que serían investigados posteriormente, y 229.04 millones más sin explicación.

Mineros asegura que tampoco se incluyeron los resultados de la evaluación de 8 proyectos con montos supervisados arriba de 62 millones de lempiras, ni los millonarios recursos que manejaron los 10 regidores, con excepción de Doris Gutiérrez, que sí rindió cuentas.

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El memorando 116-DM-2013 que Mineros le envió a Anchecta deja constancia de que ella estaba urgida por firmar el informe antes de dejar la presidencia del TSC.

A finales de noviembre y principios de diciembre recibí su llamada solicitándome que el informe de la AMDC lo quería dejar firmado, a lo que le expresé que íbamos a hacer todo lo posible para que así sucediera” afirma el escrito, detallando en párrafos subsiguientes, que fue terminado el 6 de diciembre y llevado a la presidencia por el licenciado Timoteo Hernández, jefe de auditoria municipal y “yo no vi cómo quedó el informe final”, confirma Mineros.

Sin mucha explicación, pero evidenciando posibles reclamos de Anchecta, el documento especifica, “no tengo ningún interés en dañar o beneficiar a ningún intervenido, sino solamente cumplir con mi deber”.

Mineros fue citado para una audiencia de descargo realizada el 31 de enero de 2013. Allí según el acta, reafirmó que el informe no había sido enviado a la Secretaría General porque presentaba inconsistencias de ortografía, de redacción y de varios hallazgos que no habían sido incluidos. Sostuvo que fue enviado a la Dirección y no a la Secretaría General, “no por querer incumplir, sino porque ese día era seis de diciembre y estaba por terminar el periodo de la magistrada” (Anchecta).

Anchecta dejó la presidencia del TSC, pero sus reclamos continuaron desde su posición como magistrada. El 24 de septiembre de 2013, a través del memorando MDOA-064-2013 enviado a Mineros, dijo: -“Debo recordar a usted que el informe fue firmado por la que suscribe el día 5 de diciembre de 2012, tengo entendido que el informe está en su oficina para tercera vez para su revisión, a lo que la pregunta obliga es: ¿qué pretende con dar tantas largas a un informe del cual sus propios comentarios ya fueron ampliamente discutidos?”

Para responder, tres días después, el 27 de septiembre, Mineros le escribió el memorando 1289- DM-TSC-2013, diciendo: “es importante mencionarle que no tengo ningún interés en perjudicar o favorecer a nadie, solo que se apliquen los procedimientos de auditorías en todos los informes generados, observando que a este informe no se le han aplicado los mismos, ya que se han eliminado los hallazgos de la auditoria original sin hacer las justificaciones del caso”.

Pero ¿Cuáles irregularidades se excluyeron del informe?
Pagos exagerados a personal privilegiado

El inciso 3 del informe original menciona que la Municipalidad desembolsó 9 millones 840 mil 960 lempiras con 73 centavos, sin ninguna justificación por el pago de 30 o más horas en periodos continuos y sin evidencia de que el trabajo se haya realizado. Salarios de los cuales varios fueron para empleados con cargos de jefatura. Según el documento, la única documentación que soporta el gasto es un memorando enviado por la gerencia al jefe de recursos humanos.

Estos pagos se debitaron de las cuentas que la alcaldía maneja en fideicomiso con el Banco Ficohsa y depositados a cuentas personales de funcionarios.

Consultorías millonarias

También se excluyó la responsabilidad por pago de salarios duplicados a empleados de la alcaldía y de una empresa guatemalteca. “Efectuó pagos en concepto de servicios de consultoría a la empresa DHV Consultants por lo que existe una duplicidad en el gasto” asegura el informe, redactado originalmente.

Y es que el 1 de diciembre de 2007, Ricardo Álvarez suscribió el contrato 1781/CO/GEP/AMDC/2007 con la representante legal de DHV, Tatiana María Casanova Inestroza, para hacer trabajos dentro de Metroplan, unidad encargada de la planificación y ordenamiento del territorio del Distrito Central.

Para los auditores, la duplicidad de salarios consistió en que la actividad realizada por DHV en el pasado fue efectuada por la gerencia de Metroplan. Es decir, no había necesidad de contratar a esta compañía.

El convenio autoriza a DHV a evaluar a los empleados y a decidir su continuidad en sus puestos de trabajo. Y “el personal que continuara, sería cancelado y recontratado por la consultora”, instituye el informe, que además señala que el contrato tuvo un costo operativo de 36 millones 883 mil 365 lempiras con 81 centavos, más una retribución del 25% anual cuando los ingresos de Metroplan sobrepasaran de 39 millones de lempiras.

“Se firmó contrato con la Municipalidad de Tegucigalpa, Honduras, para el desarrollo e implementación del proyecto Gerencia de Metroplan”, señala la empresa en su sitio web.

El informe indicaque también hubo consultorías por valor de 4 millones 150 mil 881 lempiras con 50 centavos, en diversos rubros y se menciona como contratistas a Alonso Wong Flores, María Luisa Chong Wong, Iván Alfredo Vigil Molina, Consultora Omni S. de R.L., Gerardo Enrique Canaca García y Oscar Armando Reyes.

En el caso de Alonso Wong Flores, la auditoria señala que realizó una consultoría por 360 mil lempiras para hacer trabajos de asesoría legal y todas las actividades que le asignen “sus superiores”, a María Luisa Chong Wong le pagaron 828 mil por la revisión de formatos a utilizar en proyectos y programas, mientras que Iván Alfredo Vigil Molina, recibió 300 mil lempiras por emitir el dictamen sobre el proceso de transferencia y por evacuar las consultas requeridas por el alcalde.

La consultora Omni, recibió contrato de 1 millón 694 mil 881 lempiras con 50 centavos por supervisar el bacheo realizado por cuadrillas de la alcaldía municipal. A Gerardo Enrique Canaca le pagaron 200 mil lempiras por la apertura, seguimiento y monitoreo de cinco puntos de alfabetización en aldeas del Distrito Central. Y de igual manera, Oscar Armando Reyes, recibió 768 mil lempiras por la supervisión y coordinación del personal encargado de programas audiovisuales y la producción del programa Aló Capital.

Recolectores de basura también llevaron tajada

“Al efectuar análisis sobre el control y manejo de los desechos sólidos comprobamos que existen irregularidades en la prestación de este servicio las que contradicen las clausulas establecidas en los contratos suscritos con las compañías AMA de Honduras y COSEMSA” señala el informe, que además detalla, que estas irregularidades han ocasionado un perjuicio económico de 164 millones 748 mil 933 lempiras con 95 centavos a las finanzas de la municipalidad.

A lo anterior se suma el contrato de equipo de recolección y de limpieza de los desechos sólidos en rutas donde ya prestan sus servicios AMA de Honduras y Cosemsa. Los contratos de estas empresas terminan en 2018 y fueron suscritos originalmente por los ex alcaldes, Miguel Pastor y Vilma de Castellanos. Estas transacciones han sido ampliadas a través de adendum por autoridades subsiguientes.

“Verificamos que existen contrataciones para la prestación de este servicio al señor Wilmer René Navas Flores quien actualmente se desempeña como motorista de la Procesadora Metropolitana de Carne (PROMDECA). No existe dentro de la documentación soporte nota de solicitud o justificación del motivo de la contratación”, refiere el escrito.

No cobraron bien un impuesto

El informe revela que la municipalidad ha dejado de percibir 12 millones 117 mil 292 lempiras con 85 centavosdebido a que la Procesadora Metropolitana de Carne (PROMDECA) no ha utilizado la tarifa correcta en el cobro del impuesto pecuario.

Según el Reglamento General de Municipalidades, impuesto pecuario es la tarifa que pagan las personas naturales o jurídicas por cada cabeza de ganado mayor (vacas, caballos, mulas, y burros) o menor (cerdos, cabros, y ovejos) que destacen o sacrifiquen dentro de un término municipal, ya sea para consumo privado o comercial.

Todo destace o sacrificio debe hacerse en el rastro público de cada localidad y el impuesto que deberá pagarse por cabeza sacarificada será de un salario mínimo diario por ganado mayor y la mitad de esa cantidad cuando se trate de ganado menor.
Según el borrador de la auditoria original, para efectos de este impuesto, la Municipalidad del Distrito Central aplicó entre2006 y 2010 una tarifa fija de 79 lempiras, sin tomar en cuenta los acuerdos de incremento al salario mínimo autorizados por la Secretaría del Trabajo.Por ejemplo: en el 2007 el salario mínimo diario fue de 104 lempiras yen el 2008 fue de183.33. No considerar este aumentoprovocó un desfase en las finanzas municipales, pero la presidenta del TSC decidió liberar de esta culpa al ex alcalde, Álvarez.

Fondos de la ERP desaparecidos

“Se comprobó que la municipalidad cuenta con un faltante en efectivo de 16 millones 216 mil 719 lempiras con 30 centavos”, asegura el informe redactado por los auditores, en referencia a la revisión que hicieron de los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Indica que al corte de la auditoría la cuenta # 01-201-335956 mantenía como saldo 1 millón214 mil 283 lempiras con 20 centavos, mientras que la #01-201-316799 estaba en cero.

Igualmentedetalla queel 26 de noviembre de 2008 la municipalidad recibió 18 millones 746 mil 75 lempiras con 84 centavos, que efectuaronun retiro 19 millones 750 mil lempiras de la cuenta #01-201-316799desinada a los fondos de ERP para ser depositados a la cuenta 01-201-000000163392, utilizada por la municipalidad para gastos de funcionamiento.

El documento señala que el director de gestión y desarrollo comunitario, Selvin Zelaya y el director de finanzas y administración, informaron a los auditores del TSC que la discrepancia encontrada en el manejo de estos recursos se debe a que en ese momento existían proyectos en ejecución. Ante tal situación los funcionarios del ente contralor revisaron los proyectos y únicamente encontraron que después del corte solo se habían pagado 3 millones 257 mil 910 lempiras con 01 centavos, “los que no cubren el totalde la diferencia encontrada”, subraya el informe.

Anchecta: ¿quién es y de dónde viene?

Daysi Oseguera Durón de Achectaes hija de Micaela Durón, esposa de José Roberto Anchecta Chinchilla y madre de Josué Oseguera Anchecta,Dara Paola Anchecta Oseguera, y Christian Roberto Anchecta Oseguera.

La madre de Anchecta es sobrina de Tiburcio Carias Andino y es una mujer muy conservadora. Para impedir las protestas del movimiento social, en la década de los 60 se infiltró en el sindicalismo hondureño y se mantuvo cerca de las ligas campesinas.

Según ella, para evitar que la organización cayera en el comunismo . Fue presidenta de la Unión de Sindicatos de Hospitales, una posición le permitió viajar a diversas partes del mundo. Formó parte de La Mancha Brava, una organización de choque que décadas atrás funcionó a lo interno del Partido Nacional.Fue vicepresidenta del Comité Local Nacionalista en el Distrito Central.

Lo anterior determina que Anchecta proviene de la línea más conservadora del Partido Nacional, su madre fue seguidora de Ricardo Zúniga Agustinus, considerado en su momento, el caudillo de este instituto político y ahora Anchecta sigue esa corriente política en el movimiento de Ricardo Alvarez, quién en el 2009 la impulsó para que el Congreso Nacional la nombrada magistrada del TSC.

“Felicidades a la Magistrada Daysi de Anchecta por asumir la presidencia del TSC, hoy tuve el honor de acompañarla en la ceremonia de rotación, en representación del Presidente Juan Orlando Hernández”, escribió el 8 de diciembre de 2014, el ex alcalde Álvarez, en su cuenta de Facebook.

La vida profesional de la señora Anchecta ha sido en el sector público, desempeñó varios cargos en el Registro Nacional de las Personas hasta convertirse en directora, fue miembro propietario del Tribunal Nacional de Elecciones en representación del Partido Nacional y de 2002 a 2009, antes de ser magistrada fue secretaria general del TSC.

Sus familiares también ocupan puestos importantes en el sector público:su esposo, José Roberto Anchecta, es el pagador especial de la Corte Suprema de Justicia; su hijo, André Josué, es empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); su hija, Dara Paola, es la jefa de Recursos Humanos del Ministerio Publico y según las redes sociales, su otro hijo, Christian Roberto, trabaja en el Consulado de Honduras en Houston, Estados Unidos

Por: Revistazo.com

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