noviembre 23, 2020

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, presentó el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica. Esta publicación presenta periódicamente la situación de los principales indicadores fiscales de los países de la región.

El documento presentado, con datos de las finanzas públicas de los países de Centroamérica, en su mayor parte al 31 de mayo, muestra que la tendencia de la política fiscal regional en los últimos meses ha sido la de tratar de garantizar la sostenibilidad fiscal.

Esto ha sido por medio del control del déficit fiscal y del endeudamiento total, dejando en un segundo plano la búsqueda de soluciones estructurales que equilibren las cuentas fiscales y sin resolver los grandes problemas del desarrollo económico y social.

En ese sentido, la región sigue mostrando estructuras tributarias regresivas, bajas cargas tributarias y plagadas de privilegios fiscales, un gasto público insuficiente y débilmente priorizado. Asimismo, el conocimiento público sobre severos problemas de opacidad y corrupción, han desatado en la actualidad significativas protestas ciudadanas en la que se exige juicio, castigo y solución a estos flagelos de la democracia.

Los países de la región con mayores problemas fiscales son El Salvador y Guatemala. La política fiscal salvadoreña ha adoptado como ancla nominal (un tipo de regla fiscal implícita) el nivel de deuda pública respecto del PIB, que alcanzó 55.4% en 2014, lo que debido a ingresos fiscales decrecientes produjo una contracción severa del gasto, especialmente de capital; aun así, se estima que el gobierno central concluirá el período con un déficit fiscal de 4.0%.

Por su parte, Guatemala se encuentra inmersa en una crisis fiscal que se evidencia en el deterioro de las capacidades de la administración tributaria, con altos funcionarios envueltos en casos de corrupción. La carga tributaria, con una tendencia a la baja, se ubicará en alrededor de 10.4% al final de 2015.

A pesar de los continuos intentos de reforma tributaria, y aun cuando el nivel de deuda pública, cercana al 25% del PIB, no es un problema macroeconómico, las limitaciones recaudatorias ha producido una fuerte contracción del gasto público y la desatención de las demandas sociales de la población.

Por su parte, Panamá y Costa Rica registraron altas tasas de crecimiento económico en el pasado que produjeron un relajamiento en la utilización de la deuda pública. Sin embargo, con una perspectiva económica menos halagüeña, la deuda pública puede constituirse en un problema en el mediano plazo.

Panamá contrajo deuda para financiar una serie de macroproyectos de inversión, y aun cuando su crecimiento económico hace que el nivel de endeudamiento aún esté por debajo del 40% del PIB, ya representa el 400.0% de los ingresos tributarios. Por su parte, Costa Rica, es el país más reacio a implantar cambios en materia tributaria, aun cuando el nivel de déficit fiscal y de crecimiento de deuda, están en niveles superiores a lo recomendable.

Esta nación presenta déficits fiscales por encima del 5.0% del PIB anual, lo que ha producido que la deuda pública alcance 40.4% del PIB al mes de abril del presente año, equivalente al 313.0% de los ingresos tributarios esperados.

Los países con resultados presupuestarios más manejables son Nicaragua y Honduras, a pesar de que ambos han sido señalados de opacidad presupuestaria. Nicaragua ha logrado mantener un ritmo de endeudamiento bajo y resultados relativamente sanos. Los datos oficiales disponibles al cierre de la edición presentan un superávit del 0.3% del PIB y una reducción en la deuda respecto del PIB al 27.5% en 2014.

Los datos sin embargo, debido a la opacidad en la rendición de cuentas, no consolidan la deuda de otros entes del gobierno general, así como de Albanisa, las cuales esconden un riesgo potencial y que hacen subir el total adeudado a cerca del 70% del PIB.

Finalmente, Honduras, con la implementación de la reforma tributaria de 2014 y una significativa política de austeridad, especialmente en sueldos y salarios de los trabajadores de la administración central y en gasto en educación y salud, logró una reducción del nivel del déficit fiscal.

De acuerdo a la información disponible, el gobierno central presenta un superávit presupuestario de 0.2% del PIB y una reducción de la deuda, que ha pasado de 45.6% a 42.5% del PIB, representando todavía el 282.8% de los ingresos tributarios.

Los resultados fiscales de Honduras, son producto principalmente de una reforma tributaria fuertemente regresiva, por lo que es claro que el poder político realizó un sacrificio del bienestar social a costa de una mayor estabilidad fiscal, lo cual debe ser evaluado con mayor detenimiento, pues aunque los resultados fiscales pueden ser positivos, los efectos de este reequilibrio de cuentas, pueden comprometer el crecimiento y el desarrollo en el mediano y largo plazos.

Honduras debe enfrentar un serio proceso de reconversión fiscal, basado en la eliminación de la gran cantidad de privilegios fiscales que contradicen los principios tributarios de generalidad y de capacidad de pago, éste último claramente identificado en la Constitución de la República.

También, debe iniciar un serio proceso de fortalecimiento de la administración tributaria, que incluye una mayor transparencia sobre los datos de la evasión tributaria y del gasto tributario en que está incurriendo el Estado.

Finalmente, la sociedad debe continuar la discusión de un pacto fiscal que cree los mecanismos necesarios para garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las finanzas del Estado, sin descuidar la atención a los programas sociales y económicos que impactan directamente en la situación social de todos los hondureños.

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