El diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Virgilio Padilla, exigió una investigación y una interpelación para los que están al frente de los centros penales del país.

“El fracaso de las cárceles es algo que debe ser perseguido por los órganos jurisdiccionales para quienes controlan las cárceles, nosotros vamos a proponer y estudiar la propuesta de interpelar a esos funcionarios”, expresó Padilla.

Más allá del bloqueo que las compañías de telefonía celular pueden hacer en los centros de reclusión, al Instituto Nacional Penitenciario y a los militares se les cuestiona el poco control que ejercen a lo interno de los recintos, donde se supone abundan las llamadas telefónicas para cometer ilícitos.

“Siempre hemos recomendado a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, al Estado de Honduras, que es urgente proceder a que no haya hacinamiento, otra situación es que provea a los centros penitenciarios de detector de metal, de marihuana, de cocaína y estupefacientes”, mencionó el director de Conaprev, Orle Solís.

Por su parte, los personeros del Instituto Nacional Penitenciario, aceptaron algunas falencias en cuanto a las llamadas desde las cárceles, remarcaron que durante su corta administración han logrado la gobernabilidad de las cárceles, algo que no ocurrió cuando la Policía estaba al frente de las mismas.

“En ese sentido pus el apoyo de los militares en los Centros Penitenciarios ha sido bastante notable, podemos ver como se ha recobrado la gobernabilidad dentro de las cárceles del país, anteriormente en Tamara se daban muchas muertes”, dijo German Mcneil.

Además justificaron que es casi imposible controlar las visitas conyugales de privados de libertad y que a lo mejor mediante esta vía está saliendo información para delinquir.

“Ese es un tema que es bastante sensible porque una visita conyugal es el momento mas intimo para la persona privada de libertad y es un momento que es bastante difícil de monitorear”, aseguró Mcneil.

Según el último recuento de las autoridades penitenciarias existen 17,300 privados de libertad, distribuidos en 25 centros de reclusión y 4 Centros de detención pertenecientes a igual número de batallones.

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