Rafael Vilar
Analista Político Internacional

Si yo hubiera tenido que votar en el plebiscito de Colombia, hubiera votado NO. No porque defienda la violencia sino por lo contrario, aunque el presidente Juan Manuel Santos Calderón —ejecutor de la guerra frontal contra las FARC cuando era ministro de defensa— haya promovido que aprobar “su” acuerdo era querer la paz y rechazarlo era más guerra, algo que la guerrilla descartó.

Un largo acuerdo de 297 páginas —hubo sólo un mes para conocer, algo imposible— dio dudas de una paz duradera: su corto tiempo de información y la forma de refrendarlo elegida por el gobierno —un plebiscito que con los votos favorables del 13% del censo incorporaría lo acordado a la Constitución, a diferencia del 50% usual— despiertan susceptibilidades. Y las concesiones —precedente para con el ELN— extremadamente ventajosas: los crímenes contra el derecho humanitario no tendrán prisión; las FARC — para la mayoría de los países terrorista y parte del narcotráfico— recibirán diez escaños en el congreso durante dos periodos legislativos y participarán en la elección de 16 escaños especiales de las zonas más afectadas por el conflicto, además de recibir y los mismos recursos estatales que todos los partidos tradicionales, además de 31 emisoras y un canal de TV para difundir sus posiciones —beneficio exclusivo sobre el resto.

También excluye a las FARC de reconocer su vinculación con el narcotráfico ni devolver los recursos percibidos por esto ni por los secuestros, extorsiones y minería ilegal, por lo que no contribuirán a reparar el daño a las víctimas y sí podrían usarlos en política. Hay más, pero estos son los más visibles.

Un pueblo que ha vivido más de 50 años de violencia urge de paz pero que sea verdadera. Habrá que seguir negociándola.

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