Tegucigalpa, 20 de febrero.- Despolitización, discusión y aprobación de las reformas penales exigieron hoy más de 80 Organizaciones No Gubernamentales afiliadas a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).

La presidenta de la junta directiva de esta organización, Amanda Madrid, manifestó que “no se vale que por colores azul, negro, rojo, amarillo o verde, este tema se politice; este es un tema de Estado que nos golpea a todos y por eso demandamos que reaccionen”, reclamó.

Prosiguió señalando que “no se vale que en esta coyuntura electorera existan sectores que aprovechen esto para hacer campaña política, porque el país no puede detenerse por una campaña política, porque el crimen no se detiene; al contrario, el crimen aprovecha estos momentos para actuar con más fuerza”.

Madrid reconoció que se ha realizado un buen trabajo con la depuración y reestructuración de la Policía Nacional, pero opinó que esto no es suficiente, cuando se tienen leyes desfasadas para enfrentar el delito y los criminales se tecnifican y se profesionalizan más cada día para sembrar terror en la población honesta.

“El Estado debe actualizar sus leyes de acuerdo a los delitos que están ocurriendo ahora con un crimen más organizado y tecnificado”, recomendó.

Agregó que esta temática debe ser discutida sin temor por los diputados del Congreso Nacional, a los que calificó de “inteligentes y pensantes”, capaces de sentarse a dialogar.

Madrid dijo, que pese a presentarse opiniones encontradas entre diputados, lo que debe prevalecer al final es lo que beneficie a las mayorías, despojándose de intereses partidarios o particulares.

“Deben dialogar no pensando en una campaña política, no pensando en ganar votos, sino pensando en cómo vamos a proteger a los hondureños”, exhortó la representante de las ONGS en Honduras.

Asimismo, recalcó que como organización estarán vigilantes en que las reformas aprobadas estén enmarcadas en los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos, con el propósito de garantizar que se eviten, a futuro, abusos relacionados con violaciones de esas garantías.

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