La Ley de la Carrera Policial que actualmente es discutida en el Congreso Nacional de la República, considera como “elemento central de la función policial” el respeto a los derechos humanos y libertados individuales.

Así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, quien indicó que en el proyecto de Ley de la Carrera Policial se establece que todo agente de escala básica o alto oficial de la institución armada tiene como deber “respetar y proteger la persona humana, enaltecer su dignidad, defender y promover los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna”.

“En la nueva Ley de la Carrera Policial, se considera una falta muy grave la actuación arbitraria o discriminatoria por cualquier causa que afecten las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas o los derechos humanos” reveló Rivera.

El dirigente de la sociedad civil manifestó que dentro de la nueva mística que se está queriendo instaurar en la Policía Nacional está el adecuado tratamiento a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad y la respuesta inmediata a enfrentar a los violadores de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Recientemente, los legisladores aprobaron los primeros 10 artículos de la Ley de la Carrera Policial, entre el ellos el número 2, que crea la Carrera Policial como “el Sistema Integral de administración y profesionalización de los recursos humanos basados en los principios de eficiencia de la organización, de igualdad de oportunidades, equidad para el ingreso, estabilidad y permanencia, que permitan el funcionamiento eficiente de una policía con filosofía comunitaria y respeto de los Derechos Humanos”.

Del mismo modo, el artículo 293 de la Constitución de la República señala que “la Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos”.

Diferentes instancias internacionales han recomendado al Estado de Honduras, capacitar a las autoridades policiales sobre identidad de género y orientación sexual; garantizar medidas de protección y cautelares; y fomentar la tolerancia y conciencia social. Asimismo, fortalecer de manera urgente la capacidad de la Policía Nacional para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

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