Tegucigalpa.- Después de un riguroso proceso de selección, se conformó ya lo que será la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), juramentada este día por el propio Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla, equipo que desde hoy inicia su trabajo con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en un trabajo conjunto de casos emblemáticos como parte del convenio bilateral firmado a inicios de año.

El equipo de la UFECIC, constituido por fiscales, investigadores, expertos financieros, informáticos y criminólogos, serán los encargados de investigar casos emblemáticos de corrupción, a ellos se sumarán expertos internacionales que la MACCIH, quienes tendrán la difícil tarea de presentar ante la justicia las pruebas en contra ciudadanos como parte del combate de manera integral de uno de los flagelos que más daño hace al país.

En enero del presente año, el Secretario General de la OEA firmó un acuerdo bilateral con el Fiscal General, el cual tenía como uno de sus propósitos desarrollar un mecanismo de cooperación que permita a ambos organismos un proceso efectivo de labor conjunta y coordinada que propicie la investigación imparcial, el procesamiento y la aplicación de la justicia, dando lugar así a la nueva Unidad Fiscal, la cual está compuesta por más de 40 personas, quienes concursaron en un difícil proceso en donde el Ministerio Público, la MACCIH y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), fueron los encargados de llevar a buen término la escogencia, con transparencia y objetividad mediante un concurso público.

A partir de este momento la UFECIC – MACCIH inicia su trabajo dedicado exclusivamente a la investigación y a la persecución penal integrada, cuya finalidad será investigar, acusar y promover un castigo ejemplar a los responsables de la comisión de los delitos de corrupción en Honduras, además con esta nueva Unidad las actividades anticorrupción se perfeccionarán, generando más transparencia en el país.

Todo lo anterior, dentro de los parámetros establecidos en la Ley y la reglamentación interna del Ministerio Público para poner al descubierto el delito, el aseguramiento de la prueba hasta el juicio oral y público y en definitiva la obtención de la sentencia condenatoria establecida.

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