diciembre 1, 2020

Luego que el abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso, recién juramentado Fiscal General Adjunto de la República, anunciara que se procederá a implementar un “proceso de certificación y evaluación” del personal que labora en las diferentes fiscalías especiales y unidades de apoyo técnico del Ministerio Público (MP),

organizaciones de la sociedad civil han manifestado su “complacencia con la decisión y su esperanza que esta iniciativa permita mejorar el desempeño del ente operador de justicia”.

Omar Edgardo Rivera Pacheco, coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que es una muy “buena noticia esta que se procederá a evaluar el desempeño y certificar la idoneidad de los profesionales que prestan sus servicios en las diferentes dependencias de ese ente operador de justicia; nos regocijamos de esta decisión y respaldamos esta iniciativa encaminada a mejorar la gestión del MP”.

“Recibimos con satisfacción el anuncio que el MP va a certificar su recurso humano, pues con esto seguramente se identificaran brechas de competencias y se diseñará un programa de capacitación que pueda elevar el nivel profesional de los colaboradores de esa institución” expresó.

Rivera Pacheco, sugirió que tal cual se hizo en el proceso de depuración de la Policía Nacional, los integrantes del MP, deben ser sometidos a las pruebas de evaluación de confianza a fin de garantizar la confiabilidad e idoneidad de los mismos; estas pruebas de confianza psicofisiológicas (polígrafo), psicométricas, toxicológicas, socioeconómicas y patrimoniales, deben ser aplicadas por entes especializados e independientes.

Del mismo modo, propuso “que el personal sea sometido a exámenes de conocimientos para verificar si sus conocimientos están actualizados y sobre la base de los resultados diseñar los programas de actualización profesional”.

Finalmente, Omar Rivera, planteó que es indispensable “valorar el desempeño de los funcionarios del MP y su aporte al cumplimiento del mandato institucional de la entidad; así como una exhaustiva investigación en los archivos de las instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado para determinar si los evaluados no tienen denuncias, investigaciones, pliegos de responsabilidades, reparos, juicios, sentencias o cualquier gestión en contra de ellos”.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *