diciembre 3, 2020

MANAGUA.- Cuando están por cumplirse diez meses de crisis política en Nicaragua, iniciada por el intento del presidente Daniel Ortega de imponer una reforma a la seguridad social rechazada por empresarios y la población, el exguerrillero sandinista anunció un paquete de reformas tributarias y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), alegando que necesita recuperar la economía tras lo que catalogó como un “intento de golpe de Estado” en su contra.

Ortega envió las reformas a la Asamblea Nacional –que él controla–, por lo que serán aprobadas sin complicaciones. Los empresarios rechazaron estas propuestas e hicieron un llamamiento al mandatario a que se abra a una negociación que ponga fin a la crisis que dejó al menos 325 muertos.

Ambas reformas golpean con dureza a las empresas del país, ya diezmadas por la caída del consumo, la inversión extranjera y la fuga de capitales, que suma alrededor de 1.054 millones de dólares de los más de 5.000 millones de dólares de los depósitos en el sistema financiero. En el caso de la seguridad social se establece un aumento del 3,5%, lo que eleva al 22,5% la cuota que la patronal debe pagar al INSS. Las medianas y pequeñas firmas también sufren un aumento en la cuotas del 2,5, para pagar hasta un 21,5%.

“El aumento de la cuota patronal del INSS afectará el flujo de efectivo de las empresas y el aprovechamiento fiscal será limitado, ya que los contribuyentes se encuentran en iliquidez debido a la crisis”, explicó Julio Francisco Báez, uno de los principales expertos en temas fiscales de Nicaragua.

Publicado originalmente por adndigital.com.py

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