Tres cuartas partes de las muertes violentas en Honduras, son cometidas con armas de fuego, por lo que es necesario tomar acciones contundentes y esta nueva legislación puede facilitar esto; asimismo, es importante tomar en consideración, que junto a la violencia doméstica, la tenencia ilegal de armas es uno de los delitos que mayor recurrencia tiene en los tribunales de justicia

Este martes, 7 de mayo entrará en vigencia la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, que fue aprobada el 20 de septiembre del año pasado, y para varios sectores de la sociedad civil esta legislación se constituirá en un instrumento importante para prevenir la violencia y combatir la criminalidad en Honduras.

Omar Edgardo Rivera Pacheco, Coordinador de Advocacy e Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que la Ley de Armas será una herramienta efectiva para reducir la violencia homicida en el país”.

“Tres cuartas partes de las muertes violentas en Honduras, son cometidas con armas de fuego, por lo que es necesario tomar acciones contundentes y esta nueva legislación puede facilitar esto; asimismo, es importante tomar en consideración, que junto a la violencia doméstica, la tenencia ilegal de armas es uno de los delitos que mayor recurrencia tiene en los tribunales de justicia” dijo.

Rivera Pacheco, destacó como innovador en la nueva normativa, el hecho de “regionalizar” el registro de armas, lo que facilitará que los ciudadanos de los diferentes departamentos del país, “puedan tener a la mano una unidad en la cual realicen los trámites vinculados a los permisos de las armas que poseen con fines de caza, deporte, colección u otro”.

Del mismo modo, el también miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, señaló que “es relevante que esta legislación obliga, no solamente a personas naturales y empresas de seguridad privada, al registro de todas las armas que poseen, sino también a las entidades del Estado a hacer lo mismo; es decir, a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones gubernamentales se les practicará un registro balístico, de las armas que están en manos agentes policiales y efectivos militares, determinando con precisión a que elemento está asignada dicha arma”.

“Disminuir el número de armas que una persona puede registrar, de cinco a tres, teniendo derecho a portar solamente una, aumentar de dieciocho a veintiún años la edad para poder adquirir un arma de fuego, y establecer un período de enfriamiento que evitará que se compre y adquiera un arma de forma inmediata, son algunas otras de las disposiciones relevantes de la nueva Ley” reveló.

Omar Rivera, informó que la Ley de Armas contempla la destrucción de las armas de fuego decomisadas o incautadas en delito; “esto es importante, pues obliga al Estado a enviar –de forma inmediata- las armas incautadas a pruebas periciales en la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) del Ministerio Público (MP), para luego ser presentadas como medio de prueba y posteriormente proceder a la destrucción de las mismas” expresó.

Finalmente, el dirigente de la sociedad civil advirtió que “si no se asignan suficientes recursos para hacer cumplir la Ley de Armas recién aprobada, la misma será –como muchas otras ‘papel mojado’ y se habrá perdido una extraordinaria oportunidad para hacer disminuir los elevados niveles de actos violentos y delincuenciales en el territorio nacional”.

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