La reducción de los flujos de migración irregular en Estados Unidos pasa por una revisión de su legislación para eliminar vacíos que se convierten en incentivos para que ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica y otros países quieran migrar a esta nación norteamericana.

Este fue parte de los planteamientos que surgieron hoy durante el encuentro que sostuvo el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, y las primeras damas de Honduras y Guatemala, Ana García de Hernández e Hilda Marroquín, respectivamente.

Ambas primeras damas fueron invitadas por el secretario McAleenan para compartir las medidas que se están implementando para combatir el tráfico de personas y garantizar la protección de los derechos de los menores migrantes.

La delegación trinacional tuvo una reunión previa en el aeropuerto de McAllen, donde funcionarios del DHS dieron detalles sobre los operativos que se realizan en la frontera sur para combatir el tráfico de personas, con medidas que incluyen redoblar los elementos de seguridad, prácticas de ADN y la instalación de centros temporales de procesamiento, entre otras.

Entre los planteamientos que surgieron al analizar las causas de la migración irregular se concluyó que, además de las mejoras económicas, violencia y reunificación familiar, otro factor que influye son algunos procesos legales que dan paso a que sectores vulnerables como los menores de edad se conviertan en escudos fronterizos, vulnerando sus derechos y exponiéndoles al tráfico de personas.

Prueba de esto son las 275 unidades de fraude familiar identificadas a partir del 14 de junio con 50 actas de nacimientos falsas, portadas por adultos que utilizan a menores sin ningún parentesco, por lo que son sometidos a pruebas de ADN y posteriormente sometidos a cargos penales por tráfico de personas, documentación falsa y mentirle a las autoridades estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses también descubrieron que los migrantes llevan a cabo el reciclaje de menores, lo que consiste en que adultos ingresan a Estados Unidos con menores de edad haciéndose pasar por su familia y posteriormente el niño o niña sale de esta nación con otras personas también sin parentesco.

Centros de procesamiento

Luego de conocer los resultados de las nuevas medidas en la frontera, el secretario McAleenan y las primeras damas se trasladaron al puente Anzalduas, donde las autoridades estadounidenses tienen instalada una mesa de la Patrulla Fronteriza para revisar los documentos que portan los migrantes.

Por dicho puente, que mide aproximadamente tres millas y une el estado de Reynosa (México) con Mission (Texas) transitan a diario aproximadamente 300 personas de diferentes nacionalidades.

Luego, la delegación visitó el Centro de Procesamiento Centralizado de la Patrulla Fronteriza, a donde son trasladados los migrantes luego de ser detenidos en el puente de Anzalduas.

En ese centro, la Patrulla Fronteriza mantiene más de 2.000 personas, a diario reciben 1.500 personas y la misma cantidad es distribuida a diferentes ciudades, donde serán procesadas.

Posteriormente visitaron la instalación Donna Facility, un centro temporal que las autoridades estadounidenses han habilitado para liberar espacio en los centros de protección de McAllen.

En dicho centro las familias permanecen hasta tres días esperando ser trasladadas por vía aérea a otra ciudad para ser procesadas y que se les asigne un número de detención.

Las ciudades a donde están siendo trasladadas son Del Río (Texas) y San Diego (California).

Simultáneamente se procesan familias en la Estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen y la mayoría son liberadas y las recibe Caridades Católicas.

Responsabilidad compartida

Al concluir el recorrido la esposa del presidente Juan Orlando Hernández señaló la importancia de realizar un trabajo continuo y de abordar el tema bajo la responsabilidad compartida.

“Reconocemos que hay situaciones en el país que son causas expulsoras de migración, como las oportunidades de desarrollo y la violencia, pero un factor de gran incidencia en los flujos migratorios es la reunificación familiar en Estados Unidos”, declaró la primera dama.

Reafirmó su llamado a sus compatriotas para que no pongan en riesgo sus vidas, a la vez que se refirió a las buenas medidas migratorias que se implementan en la frontera sur estadounidense, entre ellas las pruebas de ADN que se le practican a familias identificadas con documentación falsa y que son sometidas a procesos criminales.

Es importante poder trabajar de la mano con el Gobierno de Estados Unidos e identificar el flujo migratorio irregular, haciendo un análisis de los incentivos y además generar condiciones de apoyo y bienestar en los países del Triángulo Norte para que las familias construyan su futuro en sus naciones, aseguró la primera dama.

Según reportes de la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Transnacional de Investigación y la Unidad de Tráfico y Trata de Delitos Especiales, se ha logrado la captura de 60 personas que han sido detenidas en fronteras y en el interior del país.

Además, se han ejecutado 24 órdenes de captura y actualmente hay 44 casos por trata de personas y 24 por tráfico de personas en el Ministerio Público para su investigación.

De la misma manera se está trabajando en las causas estructurales de la migración; con los países del Triángulo Norte y México se formuló un Plan de Desarrollo Integral con el objetivo de atacar las causas estructurales llegando a la raíz del problema mediante iniciativas que generan el desarrollo de la región.

Honduras también ha invertido más de 2.900 millones de dólares en el Plan Alianza para la Prosperidad, mediante el cual se busca generar desarrollo económico inclusivo con la creación de empleos, estabilidad social y seguridad.

Asimismo, se están impulsando iniciativas para la generación de empleo, poniendo especial énfasis en fortalecer las micro y pequeñas empresas con programas de crédito que les permiten acceder a bajas tasas de interés.

De interés

Las autoridades estadounidenses continuarán administrando pruebas de ADN a lo largo de la frontera suroeste por lo que resta del año fiscal 2019.

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