La Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), unidades que en el marco de sus atribuciones coadyuvan en la ejecución del Proyecto denominado “Desarrollo de Residencias Morazán” en las etapas del reasentamiento de damnificados y de pobladores de la comunidad de Lomas del Diamante, por este medio aclaran ante la ciudadanía en general, a la prensa y los medios de comunicación, a la sociedad civil y, en especial, al Ministerio Público, lo siguiente:

1) En horas de la mañana del 13 de enero de 2022, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron una “inspección ocular” en los predios en los cuales se ejecuta el proyecto antes citado, supuestamente para constatar doscientos contenedores adquiridos por la Secretaría de la Presidencia. En dicha inspección participaron decenas de agentes armados de la ATIC y de la Policía Militar, fiscales y personal técnico del Ministerio Público. En esta misma fecha el Ministerio Público emitió un comunicado a priori el cual contiene afirmaciones que lamentablemente distan de la verdad y de la objetividad con que el Ministerio Público debe conducir sus investigaciones.

2) El Ministerio Público aduce que la compra de los contenedores lo realizó la Secretaría de la Presidencia por un valor de mil doscientos millones de Lempiras (L. 1,200,000,000.00). Esa afirmación es contundentemente FALSA. El proyecto antes referido NUNCA ha recibido esa cantidad de recursos para la construcción de viviendas sociales multifamiliares. La verdad documental indica que los contenedores a que se hacen relación fueron adquiridos en los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 durante la administración de la UEEP y UCP a cargo de los ciudadanos que fueron sus Directores y Coordinadores Técnicos, respectivamente; y el valor total por la compra de estos fue de veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho Lempiras con cuarenta centavos (L. 24,488,468.40). El error cometido en el comunicado dirigido a la prensa y medios de comunicación es de un mil ciento setenta y cinco millones quinientos treinta y un Lempiras con sesenta centavos (L. 1,175,511,531.60). Es también FALSO afirmar que dichos elementos fueron adquiridos por la
Secretaría de la Presidencia, ya que la totalidad de los contenedores fueron adquiridos por las Unidades a cargo del Proyecto con fondos que nunca correspondieron a recursos del presupuesto de esa Secretaría de Estado.

3) Si bien es cierto los contenedores se compraron usados debido a que así se encuentra en el comercio mundial, los mismos fueron utilizados para construir 102 unidades habitacionales para el proyecto de viviendas sociales multifamiliares construidas para beneficiar a las familias y personas que fueron afectadas y/o damnificadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA. Los contenedores que no fueron utilizados para viviendas, actualmente se están utilizando como oficinas administrativas del proyecto, oficinas y bodegas para los contratistas del proyecto, bodegas para los pobladores de la comunidad de Lomas del Diamante que están siendo reasentados a sus nuevas viviendas, posta policial, entre otros usos. En conclusión, a todos los elementos se les está dando y se les dará un uso apropiado para el proyecto, el cual contempla la construcción de 523 viviendas de bloque para el reasentamiento de los pobladores y posteriormente 10,000 viviendas sociales de bloque para los capitalinos que actualmente no son propietarios de una vivienda.

4) El Ministerio Público afirma que el proyecto de viviendas multifamiliares a “la fecha aún no están en funciones”. Esa afirmación es contundentemente FALSA. La verdad documental, técnica y física indica que las 102 unidades habitaciones multifamiliares se encuentran totalmente construidas y habilitadas con las instalaciones de servicios públicos como son: energía eléctrica, agua potable y drenaje de aguas residuales. Inclusive, a esta fecha son habitadas por 23 familias (84 personas) y próximamente serán incorporados otros damnificados y beneficiarios.

5) El Comunicado precisa que uno de los investigados es el Ex Ministro de la Presidencia Ebal Díaz. Si bien es cierto el Ministerio Público puede investigar a cualquier persona a quien se le imputen hechos que transgredan la ley, desconoce que el Proyecto no está siendo ejecutado por una Secretaría de Estado. Este proyecto es ejecutado mediante un contrato de fideicomiso suscrito y aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto N° 9-2020 del 7 de marzo de 2020 y está cargo en la estructuración por la UEEP como directora del proyecto y a cargo temporal de la UCP como unidad encargada de realizar únicamente las compras y adquisiciones de este este. El proyecto tiene un órgano de gobernanza conformado por el Comité Técnico del Fideicomiso, del cual nunca el señor Ebal Díaz fue integrante del mismo.

6) En el contenido del Decreto Legislativo antes referido se incorporaron las tierras del proyecto las cuales son propiedad del Estado de Honduras, inmuebles que legítimamente se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán. Por consiguiente, el Ministerio Público no debe fomentar que terceras personas que promueven las invasiones de tierras y roban tierras del Estado de Honduras, aduzcan que son propietarios de inmuebles que son del Estado para beneficio de los pobladores que requieren de una vivienda. El proyecto ha constatado que a la fecha ninguna de las personas que alegan ser dueños con supuestos títulos de propiedad han exigido su dominio mediante reclamación ante los Tribunales de Justicia de la República.

7) Finalmente, se comunica que TODA la información del proyecto ha sido entregada al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entidad que está realizando su propia investigación de los hechos y quienes han realizados varias visitas al proyecto para constatar técnica y legalmente su situación. Asimismo, TODA la información del proyecto fue remitida a la ATIC del Ministerio Público mediante oficios SDPSG-285-A-2021 y SDPSG-285-B-2021 del 1 de septiembre de 2021, sin que a la fecha el Ministerio Público haya requerido explicaciones sobre la totalidad de la documentación aportada entre la cual se encuentra la evidencia de la adquisición de los contenedores y los contratos suscritos para la construcción de las 102 unidades habitacionales multifamiliares, precisando quienes suscribieron los mismos.

Tegucigalpa, 13 de enero de 2022.

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