Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó la veracidad de una denuncia, referida a que la Secretaría de Salud contrató a dos falsos médicos y los nombró en cargos de dirección en esta dependencia estatal.

La Dirección de Participación Ciudadana, del TSC realizó una investigación especial para constatar los extremos señalados en la denuncia, referida a irregularidades en la contratación de dos personas, sin que estos obtuvieran el título de profesional en la medicina.

Al respecto, el ente contralor del Estado emitió el informe especial No P-21/2015-DPC-DCSD relativo a la investigación de la denuncia registrada con No 0801-14-154, verificada en la Secretaría de Salud.

En vista que la auditoría encontró indicios de responsabilidad penal el TSC remitió dicho informe al Ministerio Público (MP) para que en base a su facultad interponga la acusación contra los que aparezcan responsables.

El informe presenta indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida con el MP conllevará que realice las investigaciones que considere pertinentes a fin de comprobar los hechos y provoque que esa dependencia entable acciones penales ante los Tribunales de Justicia, cita un oficio remitido por el TSC al fiscal general, Oscar Chinchilla.

Además, el TSC informó a la ministra de Salud, Yolani Batres, los resultados de la investigación y la procedencia de imposición de otro tipo de responsabilidades, como civiles y administrativas.

Acción ilegal En su auditoría el TSC confirmó que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud contrató personal bajo el rango de médicos, sin que acreditaran la obtención del título universitario.

En un primer caso el TSC constató en el Departamento de Recursos Humanos de Salud que una señora fue contratada desempeñando servicios del 15 de mayo de 2010 al 2 de septiembre de 2014.

Durante el período la hoy denunciada fue nombrada como coordinadora de Proyecto de Pueblos Indígenas, jefe de Personal de la Dirección General de Promoción de Salud, técnico y jefe del Programa de las Etnias.

En el Contrato N° 9570, fue contratada como Médico General, asignándole funciones concernientes a atender pacientes en consulta externa, examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos. En el Contrato N° 26034, se menciona que ostenta el título de Doctora en Cirugía Dental, cumpliendo funciones de supervisión de personal laborante en el Centro de Salud, entre otras funciones.

En los Contratos N° 2013, 9762, 15108 y 15095 fue contratada como Jefe del Programa Nacional de Atención a las Etnias, desempeñando funciones de realización de campañas preventivas de salud y dirigir unidades móviles de salud en áreas rurales.

En el segundo caso el ente contralor del Estado constató que Salud contrató a un señor desempeñando diversas funciones a partir del 15 de mayo de 2010 al 31 de marzo de 2014.

Durante el período fue nombrado como coordinador de Fortalecimiento y Emergencia de la Dirección General de Promoción de la Salud, jefe del Programa Nacional de las Etnias y jefe del Programa Nacional de Género.

En los Contratos descritos se le asigna funciones de realización de campañas preventivas de salud, dirección de unidades móviles, divulgar y capacitar sobre temas fundamentales de la promoción de la salud; además en el Contrato N° 15115 aparece que ostenta el título de Médico General.

En su investigación, el TSC obtuvo de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) constancias que acreditan que ambos no recibieron títulos orientado a la rama de la medicina y la salud.

Igualmente, el Colegio Médico de Honduras (CMH) aseguró al ente contralor del Estado que los dos denunciados no se encuentran inscritos en este gremio, por lo tanto no están autorizados para ejercer la medicina en el país.

Al revisar el expediente laboral se constató que él posee el título de Perito en Computación y Bachiller en Computación; ella el de Bachiller en Ciencias y Letras; sin embargo, ambos se acreditaban poseer el título de doctores.
Al recibir salarios y viáticos para realizar brigadas médicas, de forma irregular, se ocasionó un perjuicio económico al Estado por 2, 832, 272.48 lempiras.
Independiente de la acción penal que pudiera ejercer el MP, el TSC emitirá los pliegos de responsabilidad, sea civil o administrativo, a funcionarios y empleados de Salud, a fin de reponer el daño patrimonial ocasionado al Estado.

En aras del debido proceso, como el derecho de defensa, quienes aparezcan señalados con responsabilidades de este tipo podrán impugnar el informe dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que le sean notificados los pliegos de responsabilidad de forma individual.

El presente informe fue subido a la página web del TSC, donde se podrá obtener mayor información.

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