El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentó hoy, en Tegucigalpa, el documento «Honduras: la política fiscal no mejora el presente ni construye el futuro. Análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2016».

En el documento se destaca el enorme peso del servicio de la deuda pública, dado que representa una asignación de 32 mil millones de lempiras, equivalentes al 40% de los ingresos tributarios y cerca del 7% del PIB. En los últimos tres años la Administración Central ha pagado en concepto de servicio de la deuda pública cerca de 80 mil millones, y se ha endeudado en una cantidad similar, lo que significa que se ha contratado deuda para pagar deuda. En este sentido, el Icefi señala que el gobierno hondureño carece de una estrategia clara que le permita disminuir el peso de esta deuda y que las únicas gestiones realizadas hasta ahora son las posposiciones de pagos.

El Instituto rescata la importancia de elevar los recursos del Estado para financiar la producción de bienes y servicios públicos. Sin embargo, con el aumento de la carga tributaria, que el próximo año alcanzará el 17% del PIB (alrededor de 80,000 millones de lempiras), el Instituto distingue dos elementos en particular. Primero, que la meta de ingresos es ambiciosa, tomando en cuenta las moderadas perspectivas económicas e inflacionarias. Por otro lado, y con  un enfoque más estructural, la recaudación continúa basándose principalmente en impuestos indirectos los cuales representan un 70% de los ingresos tributarios del país. Esta estructura impositiva es regresiva y contraria a principios de equidad horizontal (quien tiene más paga más) y vertical (a igual ingreso igual impuesto). Otro elemento que genera regresividad y opacidad al sistema tributario, lo constituye el mantenimiento de exoneraciones fiscales que en muchos casos constituyen privilegios a grupos económicos vinculados al poder político.

Por el lado del gasto, el Icefi destaca la fuerte desproporción entre el gasto en defensa y seguridad y los recursos asignados a la política social. En efecto, el gasto de las secretarías de Defensa y Seguridad aumenta el próximo año en 25% y 58%, respectivamente. En contraste, las secretarías de Salud y Educación solo aumentan 11% y 9%, respectivamente. A estas asignaciones se suma un bajo nivel de inversión pública en infraestructura, con un magro 1.2% del PIB.

Esta asignación poco equilibrada de recursos no se limita al proyecto de presupuesto de 2016; cuando se compara el crecimiento de los presupuestos de las principales secretarías bajo análisis, se encuentra que de 2010 a 2016 el presupuesto de defensa ha  aumentado un 161%, mientras que el de seguridad se ha duplicado. Por su parte, el presupuesto destinado a salud, en el mismo período, únicamente ha crecido en un 38%, el de educación, un 11%, y el destinado a obras públicas, un 54%. Para el Icefi, las prioridades reflejadas en el proyecto de presupuesto no concuerdan con los intereses colectivos. Tampoco encamina los recursos hacia políticas públicas que fortalezcan la democracia y el desarrollo de Honduras.

Otro ejemplo del deterioro del gasto social es el relacionado con las inversiones en la niñez y adolescencia, que pasará de representar 8.6% del PIB en 2013 a 7.7% en 2016. En términos reales (considerando la inflación), se observa una reducción de la asignación diaria, la cual pasa de US$0.86 (2013) a US$0.75 (2016). En términos del PIB, no sería esta la primera vez que la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) se reduzca en aproximadamente un 1.0% del PIB, pues esto ya sucedió en 2011, con los consecuentes impactos en el bienestar de este grupo etario. Cabe anotar, como aspecto ilustrativo de esos impactos, que la niñez deportada y recibida por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) entre 2012 y 2014 (cifras a octubre) pasó de 1,832 a 9,469 niños migrantes. También, que la cobertura en vacunación para menores de 2 años de edad bajó de un 95.6% en 2012, a un 87.4% a finales del 2014.

El Instituto considera positiva la propuesta de reducir el déficit fiscal, del 3.8% del PIB prevista para 2015 a 3.0% del PIB en 2016, pero considera preocupante tanto la asignación de los recursos escasos como el crecimiento de la deuda pública (30 mil millones de lempiras adicionales para 2016), en particular la contratación de deuda externa en condiciones de mercado. El Icefi también expresa preocupación por la reducción sustancial de los niveles de concesionalidad de los préstamos externos de 51.5% en 2010 a 27.4% en 2014.

En materia de transparencia fiscal, el Icefi considera que se debe desestimular el uso de fideicomisos, por los que se ejecutan más de 10 mil millones de lempiras (2% del PIB) y que están fuera del alcance de los mecanismos de control. Asimismo, se deben regular los contratos de inversión bajo el esquema de asociaciones público privada, que contienen cláusulas y condiciones que son desfavorables para el Estado hondureño, tanto en la  distribución de riesgos, como en los costos y ganancias compartidas con el sector privado. El Instituto ratifica su rechazo a la «ley de secretividad», y se suma al llamado de derogación que exigen diferentes expresiones ciudadanas, así como el Consejo Nacional Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Finalmente, el Icefi lamenta que el proyecto de presupuesto para 2016 no haya sido sometido a debate por parte del Congreso Nacional, permitiendo que diversos sectores aportaran sus puntos de vista sobre los mecanismos de recaudación de ingresos, asignación de gastos e instrumentos de transparencia y lucha contra la corrupción. Para el Icefi una democracia participativa e igualitaria requiere de un presupuesto participativo, transparente y asentado en la búsqueda de la equidad. 

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