“Declarar oficialmente que existe un Golpe de Estado y que se quebró el orden constitucional”. Ese el primer punto que acordó este domingo la oposición venezolana durante la sesión en la Asamblea Nacional en la que decretó el estado de rebelión para recuperar el orden constitucional.

El acuerdo aprobado por la mayoría opositora en la violenta jornada que se vivió en el Parlamento, tuvo lugar después de la decisión del Poder Electoral de suspender la recolección de firmas que buscaba activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En su intervención durante el acalorado debate parlamentario, Henry Ramos Allup, presidente de la AN, aseguró que el pueblo venezolano tiene el derecho de utilizar los recursos constitucionales para defender la integridad social. En esa línea, aclaró que el referendo constituye un derecho constitucional, y sostuvo que no tiene nada que ver con un intento de golpe de Estado.

“Son recursos que están en la Constitución y quien trate de hacerlo no se le puede acusar de golpista. Si los servicios de inteligencia constatara una reunión de civiles y militares para proponer la violencia ahí si es inconstitucional”, manifestó durante su presentación.

El pasado jueves 20 de octubre por la noche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) emitió un comunicado para informar la paralización de la siguiente etapa para activar el referendo contra Maduro, amparándose en la notificación de cinco tribunales.

“Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos”, indicó la nota del CNE.

Los tribunales regionales de los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monagas anularon los resultados de la primera etapa de requisitos para activar el revocatorio, que consistió en la recolección del apoyo del 1% de los inscritos en el registro electoral, por supuesto fraude.

A raíz de esta decisión del Poder Electoral, los distintos bloques de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) coincidieron en que este intento de evitar llevar al jefe de Estado a una consulta popular consiste en un “golpe de Estado”.

“El miércoles (…) va a ser el inicio de una movilización en todo el país, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, todo el pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional”, aseguró Henrique Capriles, en una rueda de prensa convocada por la MUD, un día después del anuncio del CNE.

“En Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma. Llegó la hora de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó el pasado viernes el ex candidato a presidente de Venezuela.

Ese mismo día, Maduro pidió que “nadie se vuelva loco” tras la suspensión del referendo. “Que no vuelvan a los tiempos de la locura”, manifestó el mandatario en un contacto telefónico con la televisora gubernamental desde Azerbaiyán, donde inició una gira de cuatro días por Medio Oriente, que también le llevaron a Irán, Arabia Saudita, y la culminará en Qatar.

Como consecuencia de la decisión del CNE, la oposición, de mayoría en el Parlamento, llamó a sesión especial este domingo para decretar los pasos a seguir en busca de la activación del referendo revocatorio.

Tras varias horas de debate, y luego de la suspensión de la sesión por la irrupción de grupos chavistas, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que contempla declarar la ruptura del orden constitucional y golpe de Estado, abrir un juicio político a Maduro, solicitar activación de mecanismos internacionales, denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional por frenar el revocatorio, designación de cinco rectores y suplentes del CNE, y elección de nuevos magistrados del TSJ.

Varias determinaciones del CNE ya habían dilatado el proceso para sacar del poder a Maduro, favorecido además por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que redujeron las facultades del Parlamento.

El pasado martes, el Poder Electoral aplazó para 2017, sin explicaciones, las elecciones de gobernadores.

Pese a este contexto, y ante la falta de una Justicia independiente, la oposición venezolana mantiene la presión para que el referendo revocatorio se realice antes del 10 de enero de 2017. En ese caso, si el pueblo decide revocar al presidente, se debería llamar a elecciones anticipadas. No obstante, si la consulta popular se lleva a cabo después de esa fecha, quien tomaría el poder es el actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

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