Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, dijo que “pese a los importantes avances en la materia, la investigación criminal sigue siendo el ‘talón de Aquiles’ de la seguridad en Honduras, y que constituye fundamental reto mejorarla, pues es la clave para revertir la generalizada impunidad que impera en la nación”.

“Estudios realizados por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), establecen que solamente 4 de cada 100 homicidios llegan a juicio oral y público y reciben sentencia condenatoria, y esto en gran medida se debe a que solamente el 9% de los homicidios cuenta con expediente completo de investigación criminal” reveló.

Rivera reflexiono que “a lo largo de la historia reciente, debilidades institucionales han impedido al Estado hacerle frente –con éxito- al reto de investigar crímenes y delitos; actos al margen de la Ley son ejecutados con plena tranquilidad por parte de las bandas del crimen organizado y la delincuencia común, ante la inaceptable inoperancia, repugnante indiferencia y condenable corrupción de las entidades operadoras de justicia, que por décadas han permitido instaurar en el país un régimen de impunidad”.

“El inefectivo desempeño institucional mostró el peor rostro del sistema de seguridad y justicia en el país al no atender de forma adecuada la demanda ciudadana que clama justicia; pero en medio de todo este cuadro desesperanzador, alguna luz al final del túnel aparece con las recientes reformas al sistema de investigación criminal en el país; la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); lo que se presenta como una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña, y de esta manera revertir los elevados niveles de impunidad que imperan en la nación” puntualizó el –también- Coordinador de Advocacy e Incidencia Política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El dirigente de la sociedad civil exteriorizó que “las recién creadas unidades de investigación criminal, vienen a llenar un enorme vacío, vienen a convertirse en ese andamiaje de investigación criminal que, teniendo cobertura nacional y un elevado nivel técnico, puede generar los insumos que los demás operadores de justicia necesitan para sancionar a criminales, delincuentes y corruptos”.

Sin embargo, para el depurador “deben tomarse varias medidas adicionales al inicio de las operaciones de estas dependencia estatales, tal es el caso de garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes, la coordinación y articulación de los esfuerzos, y evitar los excesos e ilegalidades de quienes tendrán la facultad de investigar”.

“Para el mediano y largo plazo, debe garantizarse la sostenibilidad financiera de la operación de estas nuevas entidades de investigación criminal, por la vía de asignaciones ordinarias del Presupuesto General de la República; en la actualidad, el equipamiento y accionar de la DNII, la ATIC y la DPI, dependen fundamentalmente de los recursos de la Tasa de Seguridad y los empréstitos o donaciones de la comunidad internacional” aseguró.

Omar Rivera, expresó que “no se puede depender de una contribución temporal de los ciudadanos, ni de préstamos y mucho menos del apoyo internacional para mantener en funcionamiento el andamiaje de investigación criminal del país; debemos contar con recursos regulares asignados en el Presupuesto General de la República”.

“Un sistema con las dimensiones proyectadas, además de ser costoso al inicio, también requerirá de una inversión importante y sostenida, pues el mantenimiento de laboratorios criminalísticos que ya se están construyendo, sus insumos consumibles, la actualización tecnológica y los fondos necesarios para las operaciones, rebasa por mucho los presupuestos ordinarios actuales de estas instituciones; por lo que el Gobierno de la República y el Congreso Nacional deberán proveer de manera responsable y sin sesgos de ninguna índole de la asignación presupuestaria adecuada a los servicios proyectados” sugirió.

Rivera, dejo en claro que “bajo ninguna circunstancia debe permitirse que los nuevos agentes de investigación criminal repliquen los vicios del pasado, por lo que se deben implementar rigurosos procesos de seguimiento y evaluación al desempeño de los integrantes de las recién creadas unidas; la periódica aplicación de pruebas de confianza y la revisión del anormal crecimiento del patrimonio de oficiales y agentes de escala básica, será clave para disminuir el riesgo que se inserte la corrupción. Se requieren fuertes departamentos de asuntos internos que les sigan la pista a los agentes que tengan mal comportamiento en las entidades estatales con mandato de hacer investigación criminal”.

“La coordinación y articulación de los esfuerzos de investigación es un desafío importante, especialmente en lo que se refiere a la distribución del trabajo por tipo de delitos y espacio territorial en el que se ejecutan; además, es fundamental volver homogéneo un protocolo único de investigación criminal que garantice una mayor efectividad en la acción de campo y gabinete. Las acciones complementarias de las diferentes agencias de investigación criminal, ya sea combatiendo operaciones en contra de las instituciones del Estado, los delitos complejos que realiza el crimen organizado, y la acción consuetudinaria de la delincuencia común, son indispensables para el buen funcionamiento del sistema” declaró.

Del mismo modo, afirmó que “debe garantizarse que los demás operadores de justicia también ejecutarán un trabajo coordinado, complementario y eficiente; de nada va a servir tener efectivas unidades de investigación criminal si el desempeño de las fiscalías del MP, es ineficaz y si los diferentes organismos del Poder Judicial siguen politizados, lentos y no responden a la demanda existente”.

Finalmente, el integrante de la Comisión Especial señaló que “debe certificarse que ni la DNII, la ATIC o la DPI, utilizarán procedimientos ilegales para obtener información relacionada a sus líneas de investigación; debe respetarse el derecho a la intimidad y a los datos personales, evitando hacer uso de escuchas telefónicas y levantamiento de perfiles, con propósitos y mecanismos distintos a los permitidos por la Ley. Ya en Honduras, en la década de los ochenta, y otros países del mundo, recientemente, se ha demostrado que hay una línea muy fina entre hacer una rigurosa investigación criminal y violar la Ley y los derechos de las personas”.

“La renovada institucionalidad requiere victorias tempranas en casos emblemáticos y aquellas áreas de trabajo que benefician a los ciudadanos, para que se propicie generalizada confianza popular y el apoyo de las más encumbradas autoridades estatales; la ciudadanía no admite cambios cosméticos, de nombre nada más, pues en esta coyuntura se necesitan cambios estructurales y sostenibles en el tiempo” consideró.

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