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Fiscal General de Venezuela rechaza participar en la Constituyente propuesta por Maduro

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz declinó su participación en el proceso de Constituyente propuesto por el presidente Nicolás Maduro, a través de una carta dirigida a Elías Jaua.

En la misiva difundida este viernes a través de las redes sociales, la Fiscal expone que el proceso constituyente propuesto por el mandatario nacional, “en vez de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo- de representación indirecta- que asoma el Decreto dictado por el Ejecutivo y que funge de líneas directrices para la elaboración de las bases comiciales del proceso de convocatoria”.

La Fiscal General fue invitada por la Comisión Presidencia para la Constituyente a una reunión que se efectuaría el pasado jueves 18 de mayo a las 10 de la mañana, en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, invitación que fue declinada.

Luis Ortega Díaz recordó que el proceso constituyente que dio origen a la actual Constitución Nacional contó con un amplio proceso de consulta y de participación “algo inédito en la historia constitucional venezolana” y resaltó que en ese proceso “casi todas las organizaciones políticas, sociales y económicas del país hicieron valer sus puntos de vista a la Asamblea Nacional Constituyente”.

Opina la Fiscal General que “para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”.

Agregó que este proceso Constituyente propuesto por el presidente Nicolás Maduro, “lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999”.

Finalizó poniéndose a disposición para ayudar en la búsqueda de mecanismos que «garanticen los valores superiores del ordenamiento jurídico en una patria libre, soberana e independiente”.

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