Comayagua.- La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de Comayagua, presidida por el Ministerio Público, en coordinación con el proyecto DEBORAH de Aldea Global, continúa con procesos de capacitación dirigidos a militares y policías de distintas jefaturas del departamento, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y evitar errores al momento de realizar procedimientos en distintas materias.

El proceso consta de seis talleres relacionados con la aplicación de la Ley Forestal, atención a grupos vulnerables, violencia doméstica, respeto a los derechos humanos y actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito, lo que conlleva cómo practicar un allanamiento de morada, registro de vehículos y registros personales.

“Hemos avanzado con los procesos de capacitación, fortaleciendo conocimientos de diferentes grupos de agentes de la Policía Nacional, militares, miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión y del sistema penitenciario, para garantizar que las acciones judiciales se realicen bien desde el principio y en el marco del respeto a los derechos humanos” explicó la fiscal y presidenta de la Comisión de Justicia Penal, Milady Pavón.

“Estas capacitaciones continuarán, ya que los agentes son rotados constantemente y es necesario fortalecer los conocimientos de quienes sean asignados a las jefaturas del departamento para seguir la misma mística de trabajo y continuar actuando de manera coordinada en el combate al delito” dijo la fiscal.

Durante esta jornada, en materia de niñez se abordaron temas relacionados con los trámites a seguir con los menores en conflicto con la Ley, a fin de garantizar el respeto a sus derechos cuando se ejecute una aprehensión o se detenga a un menor de edad que se le supone responsable de alguna infracción penal, también se trató el procedimiento a seguir con los niños víctimas de un delito, para evitar su revictimización y brindar el abordaje oportuno.

Además, los agentes fueron capacitados sobre delitos forestales, uso racional de la fuerza, manejo de la escena del crimen, ejecución de allanamientos, derechos de los detenidos y violencia doméstica, con lo que se espera mejores resultados en sus actuaciones y evitar que se presenten errores o violaciones a garantías ciudadanas.

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