noviembre 27, 2020

• Se fortalecerán las capacidades de las instituciones operadoras de justicia para responder con mejor eficiencia a las demandas de esos grupos de población y ciudadanía en general.

El Subsecretario de Justica en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Ricardo Montes y la directora del programa Unidos por la Justicia, Noemí Danao-Schrocder, realizaron el cruce de cartas previo a la firma del memorándum de entendimiento para ejecutar el programa “Unidos por la Justica”, el cual fortalecerá la justicia, los derechos humanos y la seguridad en el país.

Este programa será financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia de los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, a través de acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil, operadores de seguridad, justicia y derechos humanos.

Al igual que fortalecer las capacidades de las mismas instituciones operadoras para responder con mejor eficiencia a las demandas de estos grupos y ciudadanía en general.

Por lo antes expuesto la Subsecretaria de Justicia es una aliada importante para la ejecución de este programa, por lo tanto se ha logrado la aprobación de una serie de actividades para fortalecerla.

En su intervención, el Subsecretario de Justica, dio gracias por el apoyo ofrecido de USAID “por su colaboración y por permitir que este proceso se lleve a cabo, además por apoyar al Gobierno de Honduras ya que este aporte nos ayudará a fortalecer la justicia”, a la vez agregó que “esta es una forma de hacer las cosas bien, garantizarle a la población hondureña el acceso a la justicia”.

Al finalizar, Noemi Danao-Schrocder, expresó que “es un placer formalizar este cruce de cartas, porque estamos muy entusiasmados por el compromiso e interés que ustedes han mostrado con este proyecto, nos agrada mucho apoyarlos en este proceso”.

Con la puesta en marcha del programa “Unidos por la Justicia”, se facilitará el acceso a la justicia para los pobladores en mayor condición de vulnerabilidad, entre ellos la comunidad LGTB, personas con discapacidad, afrodescendientes, grupos indígenas, mujeres y niños víctimas de violencia, entre otros.

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