noviembre 25, 2020

Que bien que se logró sostener la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, en menos de 40, pero para bajarlas más, se requiere atender a grupos vulnerables, combatir la impunidad e ir a las causas estructurales de la violencia

Ante los pronósticos que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes rondará en los 40 a finales de este mes de diciembre, cifra similar a la de hace 12 meses, dirigentes de la sociedad civil reconocen como un logro gubernamental importante que la cifra no se haya incrementado, sin embargo, recomiendan que para que se consiga un mayor descenso en las mismas, se requieren tomar otras medidas complementarias a la represión del delito y la saturación de zonas de alta incidencia delictiva.

“Reprimir a los criminales y saturar los barrios calientes ha dado resultado; pero ahora se debe pasar a otra etapa para que los resultados nos permitan dar otro impulso a la disminución de los homicidios” manifestó Omar Edgardo Rivera Pacheco, Coordinador de Advocacy e Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“El apalancamiento operativo y presupuestario de los entes que conforman el sistema de seguridad y defensa, la política de represión del delito y descabezamiento de bandas del crimen organizado, los procesos de profilaxis y reingeniería en los diferentes organismos de la Policía Nacional y la aplicación de un renovado marco legal aplicable a la lucha contra la criminalidad que se relacionan a la extradición, la privación del dominio de bienes de origen ilícito y la restricción a los jueces para dar medidas sustitutivas de prisión a los acusados de varios delitos graves como el lavado de activos, han sido los factores que permitieron mantener la tasa de homicidios, tal cual se fijó hace doce meses” razonó.

Rivera Pacheco, apuntó que “contener un incremento de las muertes violentas es positivo; pero necesitamos seguir a la bajo sustancial y para eso hay que pensar en otras medidas innovadoras”.

“Si deseamos que para el 2019 la reducción del número de homicidios sea sustancial, necesitamos diversificar las acciones; es decir, seguir fortaleciendo las capacidades del Estado para reprimir el delito, pero también revertir la impunidad y atacar los factores causa de la violencia” señaló.

El también miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, dijo que “se hace necesario una Estrategia Integral de Prevención de la Violencia, que atienda a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las niñas y niños sin programas de protección social, los jóvenes en conflicto con la Ley, las mujeres sometidas a la violencia doméstica, y a los integrantes de la comunidad LGTBI, entre otros”; asimismo, planteó la necesidad de “diseñar e implementar programas de resolución pacífica de conflictos sociales, violencia intrafamiliar, violencia escolar, riñas interpersonales y disputas en las comunidades de base”.

Del mismo modo, recomendó “elaborar y ejecutar una estrategia de combate a la impunidad, que implique la depuración, transformación y fortalecimiento integral de todas entidades del Sistema de Seguridad y Justicia en el país, tal es el caso de la Policía Nacional, Ministerio Público (MP), el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas”; añadió que “esto implicaría diversificar y volver equitativa la distribución de fondos ordinarios y extraordinarios destinados a todas las instituciones del Estado, especialmente de la tasa de Seguridad Poblacional”.

El dirigente de la sociedad civil propuso “darle continuidad al fortalecimiento de las unidades de inteligencia e investigación del Estado, y procurar una afinada coordinación, articulación y complementariedad en sus acciones, particularmente la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII); y asignar mayores recursos a los entes operadores de justicia que tienen como mandato juzgar y sancionar a los transgresores de la Ley, especialmente al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial”.

Omar Rivera, declaró que “es indispensable, resolver algunas otras causas estructurales del problema de la violencia en Honduras, y para eso es necesario atender algunas otras causas estructurales del problema de violencia en Honduras, lo que implicaría implementar efectivos e innovadores programas que atiendan el problema de la pobreza, desigualdad y exclusión social; diseñar e implementar programas de generación de empleo y apoyo a emprendimientos, especialmente dirigidos a la mujer y a los jóvenes; y mejorar la cobertura y calidad a eficientes servicios públicos, tales como salud, educación y protección social”.

Finalmente, Rivera, si bien es cierto reconoció que se ha mejorado en los últimos años la relación de trabajo entre los diferentes operadores de seguridad y justicia en el país, es impostergable una mayor coordinación, articulación y complementariedad de la institucionalidad estatal a través de Consejo de Defensa y Seguridad y Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).

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