Tegucigalpa- La nueva Ley Organiza del Congreso Nacional fue aprobada este domingo por el pleno de diputados.

La nueva Ley Organiza sustituye el Reglamento Interno del Congreso Nacional, la misma se aprobó y discutió en un único debate.

La Ley Orgánica del Congreso Nacional contiene 91 artículos y la misma quedará establecida constitucionalmente.
La ley integral comprende todo el accionar del Congreso Nacional, en dicha ley quedó consignados algunos beneficios para los empleados del Poder Legislativo.

Asimismo, en la discusión se quedo establecido que los nuevos parlamentarios serán capacitados en las normas parlamentarias.

En la Ley Orgánica también reduce el número de comisiones que conllevan a una restructuración administrativa y de auditoría.

La ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento, los procedimientos legislativos y el ejercicio de las atribuciones que, de conformidad con la Constitución de la República, le corresponden al Poder Legislativo.

También deja fuera el procedimiento de ceremonias de instalación del Congreso Nacional, que incluía la obligación del Presidente de la República y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a brindar su informe anual.

Entre los cambios al reglamento interno figura que el presidente del Congreso Nacional será elegido por cuatro años y no por dos como establecía la ley.

El pleno del Congreso Nacional es la máxima autoridad y de decisión del Poder Legislativo y estará integrado por la totalidad de los diputados propietarios y por los diputados suplentes que fueren incorporados por el presidente de Congreso Nacional.

El pleno, para su instalación y funcionamiento, requerirá de la mitad más uno de los diputados que lo integran. Le corresponde el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución de la República y en las leyes.

De acuerdo con los cambios, la junta directiva tendrá la facultad de determinar cuándo una votación será secreta. Las mismas pueden hacerse levantando la mano o de forma electrónica.

La misma tiene por objeto evitar que los diputados sean expuestos públicamente cuando voten en contra o a favor de una iniciativa polémica.

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