SANTIAGO. Retirar los militares de la calle y revocar el estado de emergencia: es la única exigencia que una veintena de organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal agrupación de sindicatos que aglutina a unos 800.000 trabajadores del sector público y privado, puso encima de la mesa del Gobierno de Chile para evitar una huelga nacional.

El presidente Sebastián Piñera no ha cedido y el paro quedó convocado para este miércoles.

“El gobierno tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles. Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana”, señalan los convocantes en su comunicado.

La huelga, a la que han adherido los estudiantes y profesores, incluye una marcha que recorrerá el centro de la ciudad, en una nueva jornada de protesta –la quinta desde el inicio de las movilizaciones y la cuarta bajo estado de excepción. Este martes las plazas de las principales ciudades del país se han vuelto a llenar hasta la hora del toque de queda. Los manifestantes mantienen sus reivindicaciones y no parecen dispuestos a bajar la protesta mientras los soldados paseen por las calles y el Ejecutivo no tome decisiones que apunten a cambios reales que mejores sus condiciones de vida. “¡No más jubilaciones de hambre! ¡No más Constitución del 80!”, rezaba el cartel de uno de los asistentes a la Plaza Italia, centro de Santiago, durante la concentración.

Lo que partió como una protesta de los estudiantes en contra del alza del precio del transporte público se ha convertido en el estallido de una crisis política y social, por ahora sin rumbo, para el gobierno de Piñera. La ciudadanía ha reventado harta de tanta desigualdad y de un modelo, diseñado durante la dictadura de Pinochet, que no garantiza los derechos más básicos como la educación, salud o las pensiones. Chile es el país más desigual de la OCDE y según datos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado concentra el 26% de la riqueza.

15 MUERTOS Y CASI 1.900 DETENIDOS
Hasta la noche del martes, el número oficial de personas fallecidas se mantenía en 15, cinco de ellas a manos de agentes del Estado. Sin embargo, durante la jornada varios vídeos y publicaciones circularon por las redes informando de más muertes y heridos. Los datos, pero, aún no han sido confirmados por fuentes formales y el chequeo de información y la ratificación de datos se convierte en una tarea más que dificultosa con las redes funcionando como un hervidero de ruido y falsificación.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta el cierre de esta nota, 1.894 personas han sido detenidas –215 son menores– y otras 269 han quedado heridas, 137 de las cuales por armas de fuego. El organismo ha presentado un total de 30 acciones judiciales, tres de ellas por violencia sexual. “Las situaciones generalizadas que vemos son perdigones disparados al cuerpo y también golpizas. Y también se han dado situaciones de desnudamientos y tocaciones a mujeres”, explicó el director del INDH Sergio Micco.

La justicia decretó este martes prisión preventiva para un cabo primero del Ejército que fue formalizado por el delito de homicidio, por presuntamente haber disparado contra un joven de 23 años en momentos en que se habría estado produciendo el saqueo de una gran superficie. Por otro lado, un miembro de la marina quedó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional tras ser acusado de atropellar a un chico de 22 años cuando el personal de la armada intervenía en otro asalto. (Con información de público.es)

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